Esta semana, la segunda de noviembre, líderes mundiales se reúnen en Bakú - capital y centro comercial de Azerbaiyán- para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), buscando avanzar en compromisos de mitigación climática. Sin embargo, la creciente división política y el auge de los regionalismos en el mundo amenazan la cohesión de una agenda global climática real y tangible. A medida que Asia propone alternativas propias y líderes nacionalistas reafirman su poder, el éxito de esta cumbre se enfrenta a serias dudas. En líneas generales, La COP29 persigue, como en años anteriores, un acuerdo global que limite el aumento de la temperatura a 1.5°C, al tiempo que refuerza el compromiso de los países desarrollados para aportar $100 mil millones anuales en financiamiento climático para los países en desarrollo. La necesidad de reducir las emisiones de carbono es urgente: ya que cada aumento de temperatura implica impactos severos, como, por ejemplo, las inundaciones recientes en la comunidad valenciana, hasta sequías masivas en diferentes partes del mundo. La ONU ha afirmado, por enésima vez, que un cambio decisivo es ineludible para evitar que la temperatura suba hasta 4.4°C para 2100, lo cual desestabilizaría ecosistemas y economías globales​. Los organizadores de la COP ven en este evento una última oportunidad para alinear los compromisos en un esfuerzo conjunto que incluya medidas de adaptación y resiliencia climática a nivel mundial. Sin embargo, la visión de unidad global se encuentra con una resistencia creciente. Asia, liderada por China, ha comenzado a crear sus propias instituciones climáticas, adaptando sus objetivos y enfoques al desarrollo regional. Michel Nieva, en Ciencia ficción capitalista , nos advierte que esta tendencia puede derivar en un neo-colonialismo climático, donde las naciones más poderosas adaptan sus compromisos según sus propios intereses, ignorando la urgencia de un enfoque equitativo y global.  Pareciera así que, al igual que las invasiones coloniales, este modelo extractivista sigue diezmando ecosistemas y comunidades en nombre del “progreso”, mientras se perpetúan injusticias que ya llevaron a la Tierra a una crisis. Esta fragmentación, en la que cada bloque prioriza su propia agenda, diluye los esfuerzos conjuntos y amenaza con convertir a la COP29 en una serie de compromisos simbólicos y sin sustancia real. El preludio de una desilusión mayor, rumbo a la cumbre del G20, a realizarse en Brasil, también en el mes de noviembre. Además, el ascenso de líderes nacionalistas como Donald Trump, quien ha criticado en varias ocasiones la "carga" de los acuerdos climáticos sobre la economía de Estados Unidos, intensifica esta polarización. El economista ambiental William Nordhaus advertía hace poco que, sin un compromiso fuerte de las grandes potencias, los acuerdos climáticos se vuelven poco más que promesas vacías. Mientras algunas regiones avanzan en energías renovables y adaptación, otras amplían su producción de combustibles fósiles, perpetuando un sistema extractivista que vulnera a las comunidades menos responsables de la crisis, y cuyas voces, como las de las comunidades indígenas del Amazonas, son ignoradas. Se destacan a nivel mundial algunas estrategias innovadoras para enfrentar estos desafíos. Por ejemplo, La Unión Europea, aunque dividida en algunos aspectos, ha avanzado en regulaciones que imponen límites estrictos a las emisiones y promueven un mercado de carbono. Noruega, por citar un caso, ha instaurado un sistema de impuestos progresivos sobre carbono que reinvierte en innovación verde y ofrece un modelo a seguir para otros países. Otra vía ha sido la elegida por naciones en desarrollo como Costa Rica, quien han apostado por la restauración ecológica y la protección de sus recursos naturales, promoviendo soluciones que no dependen de tecnologías caras ni de economías a gran escala. México por su parte, como ha señalado José Luis Samaniego, encargado de Cambio Climático y Desarrollo en Semarnat, pretende aumentar la generación de energía renovable del 32% al 45% para 2030, superando obstáculos como el límite de generación distribuida, que restringe el uso de metano en rellenos sanitarios. Estas acciones buscan alinear al país con las metas del Acuerdo de París y actualizar su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) para 2025. La COP29 entonces viene a ser una especia de reflejo de las contradicciones entre las promesas de acción climática y la fragmentación de los intereses nacionales. Mientras algunos buscan proteger sus recursos y desarrollo económico, otros avanzan sin una visión global que los comprometa. Lograr un equilibrio requiere que las naciones que lideran las emisiones adopten compromisos concretos y den ejemplo, financiando a las más vulnerables para que puedan adaptarse sin sacrificar sus economías. En este “teatro de sombras” de la geopolítica climática, es necesario que el peso de las acciones supere a las palabras. Solo así será posible frenar el avance de una catástrofe global, la cual todos en el mundo hemos ya padecido. Corremos el riesgo, sin embargo, de que la Conferencia sea, cual novel de Gabriel García Márquez, una crónica de una muerte anunciada.

A semanas de conocerse el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, una oleada de testimonios femeninos ha comenzado a inundar las redes sociales. Mujeres molestas, cansadas de sentir que sus derechos están en juego por la victoria y agenda de Trump han compartido una palabra que, hasta entonces, era desconocida para muchas: 4B. Un movimiento feminista radica l, surgido en Corea del Sur, el cual propone renunciar a relaciones, matrimonios y maternidad con hombres como un acto de resistencia al patriarcado. Lo que comenzó como una respuesta local en Asia se ha transformado, casi de inmediato, en un fenómeno global que ha encontrado eco en las vivencias de mujeres estadounidenses que sienten que Estados Unidos, puede retroceder en las conquistas hasta ahora logradas. En su origen surcoreano, el movimiento 4B tiene un referente literario poderoso: Kim Ji-young, nacida en 1982 ,  de Cho Nam-joo. Una novela, que se titula así, en alusión al nombre más común entre las mujeres coreanas de su generación   y la cual relata, de manera cruda y melancólica, la vida de una mujer promedio que lucha contra una sociedad que constantemente pone barreras a sus aspiraciones . La novela, no solo se convirtió en un éxito editorial en su país, sino también en un símbolo de las desigualdades estructurales, inspirando reformas legislativas bautizadas como "leyes Kim Ji-young", las cuales se centraron en combatir la discriminación laboral y salarial, llevando la lucha desde el ámbito personal al político. En México, de acuerdo con datos del INEGI, el nombre más común entre las mujeres es Sofía y el apellido más repetido; Hernández, de ahí que, aunque nuestras coordenadas sean distintas, la esencia de las historias femeninas converge. Sofía podría ser cualquier mujer mexicana que, al igual que Kim, enfrenta un sistema que la obliga a equilibrar la carga de los cuidados con el deseo de crecer profesionalmente . De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), solo el 46% de las mujeres mexicanas participa en la economía formal, y la brecha salarial coloca a México en el lugar 119 de 146 países.   Estas cifras, son las historias de millones de mujeres que, cada día, enfrentan el dilema de avanzar profesionalmente o dedicar su tiempo a un trabajo no remunerado que la sociedad aún considera “natural”. Y es que, en México, dedican tres veces más tiempo que los hombres a tareas de cuidado , y si a esto le sumamos que los permisos de paternidad son simbólicos, con solo cinco días en comparación con los 84 de maternidad, la corresponsabilidad sigue siendo una promesa lejana. Las barreras, sin embargo, no son solo económicas o políticas; sino también culturales. En una sociedad, como la mexicana, donde las mujeres son el pilar de los cuidados y donde las narrativas perpetúan roles tradicionales, romper estos esquemas requiere más que voluntad individual; demanda un cambio sistémico y una intervención decidida de todos los actores políticos y sociales relevantes. En Corea del Sur, las mujeres han desafiado estas estructuras con movimientos como el 4B, que cuestionan directamente las normas patriarcales. En nuestro país, aunque el feminismo ha tomado rutas distintas, las demandas de igualdad salarial, acceso a carreras STEM y sistemas de cuidado más equitativos resuenan con la misma urgencia. Kim Ji-young y Sofía Hernández son dos caras de la misma moneda. Aunque separadas por océanos y culturas, sus luchas fluyen como ríos que desembocan en el mismo mar: el anhelo de ser vistas, escuchadas y valoradas en un mundo que aún, las ve como secundarias . En un planeta donde se estima que tomará 134 años cerrar las brechas de género, cada historia y cada acción, cuentan . Desde políticas públicas que fomenten la corresponsabilidad en el cuidado hasta narrativas que amplifiquen la voz de las mujeres, los cambios comienzan cuando las historias individuales se convierten en movimientos colectivos. Como lo dice la autora de libro, el cual recomiendo ampliamente sea leído más allá de la coyuntura que nuevamente lo ha popularizado: “Cuando mi hija crezca el mundo debe ser un lugar mejor para vivir. Confío en que sea así y en que mi trabajo consista en tratar de cambiarlo para bien, para que todas las hijas de este mundo puedan lograr un mayor crecimiento, llegar más alto y alcanzar sueños más grandiosos” Cabe preguntarse: ¿Cuántas Kim Ji-youngs y Sofía Hernández conocemos en nuestras vidas, y qué estamos haciendo para que sus luchas pasen a ser cosa del pasado? Porque Kim y Sofía no son solo nombres; son generaciones enteras que exigen justicia y un lugar digno en la sociedad. [1] Nam-joo, Cho. Kim Ji-young, nacida en 1982 (p. 143). ALFAGUARA.

¿Qué define la competitividad de una ciudad?  La respuesta está en los números, pero también en las estrategias que los gobiernos, empresas y ciudadanos adoptan para transformar esos datos en progreso tangible. El Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2024 , elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ofrece una radiografía precisa sobre el desempeño de 66 ciudades mexicanas, revelando los retos y oportunidades de la región Puebla-Tlaxcala  (38 municipios y poco más de 3 millones 200 mil habitantes). Este índice clasifica a Puebla-Tlaxcala en un nivel "media alta" de competitividad . Sin embargo, detrás de esta categoría se esconden desafíos estructurales que, si no se abordan, podrían comprometer el potencial de desarrollo de una región con una ubicación estratégica y una base industrial sólida. El ICU 2024 utiliza seis subíndices clave para evaluar la competitividad: derecho, sociedad y medio ambiente, mercado laboral, sistema político y gobierno, infraestructura, e innovación y economía. En cada uno de ellos, Puebla-Tlaxcala presenta fortalezas y debilidades que contrastan con otras regiones del país. En el subíndice de infraestructura , por ejemplo, destaca por su conectividad logística gracias a una red de carreteras bien estructurada. Sin embargo, la cobertura de agua potable sigue siendo un problema importante: mientras ciudades como Querétaro o Mérida cuentan con tasas superiores al 98%, Puebla-Tlaxcala apenas alcanza el 95.3%, lo que significa que más de 80 mil viviendas carecen de acceso a este servicio básico. El mercado laboral es otro punto crítico.  Aunque la región muestra un índice de ocupación del 98%, la informalidad afecta al 45% de la población activa , limitando el acceso a derechos laborales y seguridad social. En este aspecto, Puebla-Tlaxcala está rezagada respecto a regiones como Monterrey, donde la informalidad es significativamente menor. En innovación , Puebla-Tlaxcala enfrenta una brecha importante. Según el ICU, el registro de patentes por cada 100 mil habitantes en la región es menos de la mitad del promedio nacional, reflejando una necesidad urgente de fomentar la investigación y el desarrollo tecnoló gico. Esto contrasta con ciudades como Guadalajara, que lideran en este indicador gracias a su ecosistema de innovación. Para mejorar su competitividad, Puebla-Tlaxcala, de acuerdo con el informe del IMCO, sería plausible debe adoptar un enfoque estratégico en tres áreas clave: Reducir la Informalidad Laboral. Un mercado laboral competitivo debe garantizar empleos formales y bien remunerados. Esto no solo implica la generación de puestos de trabajo, sino también la capacitación de la fuerza laboral. Programas de incentivos fiscales y apoyos directos a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) podrían ayudar a reducir la informalidad. Apostar por la Infraestructura Estratégica.  La inversión en servicios básicos es una necesidad urgente. Garantizar el acceso universal al agua potable no solo mejorará los indicadores de competitividad, sino que también impactará directamente en la calidad de vida de la población. Además, fortalecer el transporte público con tecnologías limpias y mejorar la movilidad entre municipios debe ser una prioridad. Fomentar la Innovación y la Vinculación Académica. Las universidades locales deben jugar un papel central en el desarrollo de un ecosistema de innovación. Crear incentivos para la instalación de centros de investigación vinculados al sector productivo podría cerrar la brecha tecnológica y mejorar el registro de patentes. A la par de las propuestas planteadas en el informe se presentan también áreas de mejora que coinciden con las propuestas del gobernador electo Alejandro Armenta Mier, presentadas en su libro Por Amor a Puebla . Destacan iniciativas como el fomento a la economía circular, que alinean los intereses locales con las tendencias globales de sostenibilidad, y la promoción del turismo regional como un motor de desarrollo económico. Aunque no protagonizan este análisis, estas propuestas aportan una dimensión práctica al diagnóstico, mostrando cómo un gobierno puede actuar como catalizador del cambio. La región de Puebla-Tlaxcala tiene todo para destacar: ubicación estratégica, una base industrial sólida y una población joven  que puede ser la fuerza transformadora del desarrollo. Sin embargo, los retos son claros, y el tiempo apremia. Los datos del ICU no son solo un diagnóstico, son una invitación a actuar. Desde los gobiernos locales hasta los líderes empresariales, pasando por los ciudadanos, todos tienen un rol en la construcción de una región competitiva y sostenible. Si logramos transformar los números en decisiones y las decisiones en acciones concretas, Puebla-Tlaxcala no solo avanzará en los rankings de competitividad, sino que se convertirá en un ejemplo de desarrollo para todo México. ¿Estamos listos para aceptar el desafío?

El Paquete Económico 2025 parece un acto de equilibrio. Por un lado, se perfila como la solución a los excesos del año electoral, donde el gasto público se expandió como un río desbordado. Por el otro, dibuja un horizonte incierto, donde el bienestar social y la inversión estratégica se convierten en monedas de cambio para la tan ansiada disciplina fiscal. En el corazón de este presupuesto, las cifras relatan una historia que no coincide necesariamente con la narrativa oficial. La reducción del déficit fiscal al 3.9% del PIB es presentada como un logro de contención. Sin embargo, este ajuste se apoya en un recorte significativo del gasto programable, que se contrae un 3.6% en términos reales. Áreas que son pilares del tejido social, como la salud y la educación, ven sus asignaciones menguar. Un ejemplo que preocupa es el recorte del 34% al presupuesto de la Secretaría de Salud, dejando a programas esenciales con un margen mínimo para operar en un contexto de demandas crecientes. En paralelo, las decisiones recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum lanzan una interrogante que el presupuesto no responde del todo: ¿cómo garantizar derechos sociales si la base financiera que los sustenta se erosiona? Este inicio de mes, el último del año 2024. La presidenta Claudia Sheinbaum firmó decretos que elevan a rango constitucional dos pilares de su agenda: la pensión no contributiva y el ambicioso programa para construir un millón de viviendas. Si bien estas medidas representan un avance significativo en términos de justicia social, su éxito dependerá de un esquema de financiamiento sostenible  que hoy parece ausente del debate. Mientras tanto, la inversión pública, motor del desarrollo económico, retrocede a niveles que no veíamos desde hace una década. Los proyectos estratégicos se ven confinados a mínimos históricos: apenas un 2.8% del PIB. Esto no solo pone en riesgo obras de infraestructura clave, sino que también debilita la capacidad del país para cerrar las brechas de desigualdad territorial, tan palpables como las cicatrices de un mapa descuidado. En paralelo, el optimismo de las proyecciones macroeconómicas dibuja un cuadro que parece más aspiracional que realista. La Secretaría de Hacienda anticipa un crecimiento de hasta el 3%, pero los especialistas señalan que esta cifra podría quedarse en 1.2%. Esta brecha en las expectativas no solo pone en tela de juicio la factibilidad de las metas fiscales, sino que también cuestiona el anclaje de estas decisiones en la realidad económica. El debate no se detiene en las cifras. Hay una cuestión de fondo: ¿a quién beneficia y a quién perjudica este paquete?  La concentración de recursos en áreas como pensiones y el pago de deuda pública deja poco espacio para atender las necesidades de quienes están más al margen. Los recortes en salud, por ejemplo, afectan desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, que dependen de servicios públicos para acceder a derechos básicos. La narrativa de equidad y justicia social, en este contexto, parece, ante lo frío de los números, más una consigna que una brújula. La falta de visión a largo plazo es quizás el mayor desafío de este presupuesto. Los desafíos demográficos, como el envejecimiento poblacional, y las crisis ambientales, no se abordan con la profundidad que exigen. Sin una inversión decidida en salud, educación y cuidado del medio ambiente, las generaciones futuras heredarán no solo una carga financiera, sino también un legado de oportunidades truncadas. El debate sobre este paquete abre, sin embargo, una ventana para reflexionar sobre el modelo de desarrollo que queremos. ¿ Es posible equilibrar la sostenibilidad fiscal con la justicia social? La respuesta requiere valentía política, innovación en el diseño de políticas públicas y una capacidad de diálogo que trascienda intereses cortoplacistas. El Paquete Económico 2025 no es solo un documento técnico, sino también se trata de un espejo que refleja nuestras prioridades como sociedad. Al mirarnos en él, ¿vemos un país que cuida a sus habitantes y proyecta un futuro sostenible? O, por el contrario, ¿un sistema atrapado en su inercia, incapaz de responder a los desafíos de un mundo cambiante? Esa es la pregunta que queda sobre la mesa, esperando ser respondida no solo en palabras, sino en acciones claras y concretas, presupuestadas desde luego. Un debate por delante, un problema, en espera de solución.

La soberanía nacional, un principio que da forma a las fronteras y respalda la autonomía de los Estados, enfrenta tensiones crecientes en el marco de las negociaciones del T-MEC. Este tratado, que vincula a México con Estados Unidos y Canadá, plantea nuevas preguntas sobre cómo equilibrar los compromisos comerciales con la autonomía política y económica. De manera reciente, Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Economía, enfatizó la necesidad de abordar los temas de seguridad y migración antes de la revisión del tratado en 2026, lo que abre un debate sobre cuánto puede ceder un país sin comprometer su esencia. El concepto de soberanía  ha evolucionado desde los monarcas absolutos hasta las repúblicas democráticas, donde los derechos universales se ejercen dentro de marcos nacionales. Sin embargo, esta idea también ha sido desafiada por crisis históricas. En el caso de México, las invasiones de Estados Unidos en 1846 y de Francia en 1862 representaron momentos críticos en los que el país perdió territorio y enfrentó la imposición de regímenes externos. Estos eventos no solo redefinieron las fronteras, sino que también consolidaron una identidad nacional construida en torno a la resistencia y la autodeterminación. Hoy, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrenta un escenario similar. Las concesiones incluidas en el T-MEC en materia de seguridad y migración buscan garantizar la estabilidad económica, pero también generan preocupaciones sobre la posible erosión de la soberanía nacional. Esta situación recuerda cómo, en el pasado, las tensiones entre el patriotismo y los intereses globales dificultaron la toma de decisiones equilibradas. Al igual que en momentos de invasiones, el reto es defender los intereses nacionales sin cerrar las puertas a la cooperación internacional. En lugar de modelos europeos que han mostrado limitaciones, México podría reflexionar sobre sus propias experiencias históricas y los aprendizajes que estas dejaron, como la importancia de evitar asimetrías en las relaciones internacionales y promover mecanismos de cooperación que beneficien a todas las partes. Por ejemplo, podría rescatar la lección de cómo el fortalecimiento de instituciones locales y la defensa de los recursos propios pueden convertirse en pilares de una soberanía efectiva en acuerdos multilaterales. Si bien los tratados panamericanos del siglo XX buscaban fomentar la cooperación entre países de América Latina y Estados Unidos, su ejecución también mostró cómo las asimetrías de poder económico y político podían derivar en una explotación desequilibrada. Por ejemplo, las políticas de "Buen Vecino" impulsadas por Estados Unidos trajeron beneficios limitados para las economías locales, mientras consolidaban su influencia en la región. Estas lecciones subrayan la necesidad de que México construya acuerdos que prioricen el desarrollo interno con un enfoque de justicia y equidad regional. El reto de equilibrar soberanía y colaboración internacional es como mantener tensa una cuerda que conecta pasado y futuro. Los tomadores de decisiones deben priorizar mecanismos de transparencia y consulta ciudadana para garantizar que los intereses nacionales sean representados adecuadamente en el T-MEC. Para los ciudadanos, el desafío radica en exigir claridad y rendición de cuentas, recordando que la soberanía no es solo una cuestión institucional, sino una expresión del poder colectivo. Este es el momento de redefinir la soberanía en un mundo interdependiente, fortaleciendo la capacidad de México para liderar desde la cooperación sin perder su identidad.

En el tablero político mexicano una pieza más se ha movido. La presidenta Claudia Sheinbaum ha vuelto a anunciar que su gobierno impulsará una reforma electoral de fondo. En la propuesta destaca la reducción del presupuesto del INE y la eliminación de legisladores plurinominales. Aunque el texto final aún no está sobre la mesa, el mensaje es el siguiente: se pretende "adelgazar" la democracia. La tesis es sencilla y contundente: hay que recortar lo que está inflado. El INE, dicen, cuesta mucho; los diputados de representación proporcional sobran; y si se puede hacer más con menos, hay que hacerlo. La presidenta lo había puesto ya entre sus cien compromisos y se trata de una tesis que el mismo Obrador había planteado con el argumento de que había que modernizar, hacer eficiente el sistema, y dejar atrás viejas estructuras. El problema, sin embargo, no está en el deseo de cambio, sino en la forma y el momento. La propuesta llega justo cuando otros fenómenos sacuden el país. El más coyuntural lo referente a la criminalidad y su disputa transfronteriza, una inflación subyacente y el tema migratorio. Es cierto, el gobierno tiene mayoría, y eso significa que podría aprobar reformas sin negociar. Y eso, en política, suele ser un mal presagio. Porque las reglas del juego democrático no se cambian con una sola voz, por más mayoría que tenga. Mucho menos si esas nuevas reglas reducen la representación plural o modifican la estructura del árbitro electoral. El riesgo no es menor: podría interpretarse como un intento de consolidar el poder antes de 2030. Los datos son claros. En 2021, la coalición oficialista fue acusada de sobrerrepresentación vía partidos satélite. Eliminar plurinominales ahora podría consolidar esa tendencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, una reforma sin consenso podría derivar en litigios masivos, fractura institucional y desconfianza ciudadana. Me tocó trabajar en una mesa de negociación electoral en 2018. Ahí aprendí algo simple pero esencial: una buena reforma es la que firman todos. Aunque no les guste toda. Porque la democracia no es la suma de conveniencias, sino el arte de garantizar condiciones equitativas incluso para quienes no tienen el poder. Otros países han pasado por esto. Alemania redujo su parlamento, sí, pero tras un proceso largo y con validación del tribunal constitucional. En Nueva Zelanda se reformó el sistema electoral tras un referéndum vinculante. En Chile se cambió el sistema heredado de la dictadura solo tras acuerdo transversal. El patrón se repite: sin consenso, no hay reforma duradera. Sin escucha, no hay legitimidad. En México, los exconsejeros del INE -abollados sin lugar a duda- han advertido: eliminar los plurinominales es reducir las voces del Congreso. Y una democracia con menos voces es una democracia con menos oxígeno. Aún más grave sería debilitar la autonomía del INE, justo cuando el país necesita confianza institucional para enfrentar los comicios intermedios de 2027. El gobierno argumenta que se trata de eficiencia, de austeridad. Pero incluso si fuera cierto, la pregunta es otra: ¿puede valer la pena ahorrar algunos millones si el costo es una crisis de legitimidad electoral? No se trata de frenar todo cambio. Se trata de cambiar bien. Con todos. Con tiempo. Con respeto. La democracia no se "adelgaza" como si fuera un gasto prescindible. Se cuida, se ajusta, se fortalece. Quizá un camino posible sea una reforma acordada que mantenga la representación proporcional en equilibrio con la mayoritaria. O que incorpore tecnologías para abaratar las elecciones sin debilitar al árbitro. O que institucionalice la autonomía del INE elevando su estructura a rango constitucional. Lo cierto es que, si el gobierno quiere dejar huella, debería dejar una reforma que todos reconozcan como suya. No una que divida más al país. Porque cambiar las reglas del juego sin los jugadores es el camino más corto a la sospecha. Como dijo una vez un jurista que admiro: "la democracia no se mide por cuántos ganan con las reglas, sino por cuántos aceptan perder con ellas". Si perdemos eso, perdemos todo.

Hace poco, en una sesión con funcionarias y funcionarios públicos, alguien lanzó una pregunta incómoda: “¿Y si la ciudadanía ya no quiere participar porque sabe que no sirve de nada?”  La sala se quedó en silencio. No por desacuerdo, sino por la claridad del planteamiento. La participación ciudadana en México se ha convertido, en muchos casos, en una liturgia vacía: foros sin retorno, consejos sin dientes, buzones de opinión que nadie abre. Hay presupuesto para escuchar, pero no siempre para transformar. Hay reglamentos, pero a menudo falta voluntad. La pregunta que flota en el aire es urgente: ¿Participar… para qué? Mientras los mecanismos de participación no impliquen una redistribución mínima de poder, la ciudadanía hará bien en sospechar. Participar sin capacidad de incidir desgasta, no empodera. Legitima lo ya decidido, no lo transforma. Durante los últimos años, más de 120 municipios mexicanos han reformado sus marcos legales para incluir herramientas de participación. Se han creado consejos ciudadanos, ejercicios de presupuesto participativo, cabildos abiertos. Pero la realidad es menos alentadora. Según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI (2020), solo el 11.7% de la población ha participado en una consulta pública y apenas el 7.8% ha firmado alguna petición colectiva. No es apatía. Es aprendizaje. Participar para nada es, muchas veces, peor que no participar. Cuando los mecanismos participativos no inciden en decisiones reales, contribuyen a profundizar la frustración democrática y pueden reforzar las desigualdades de poder. Desde hace varios años imparto clases en instituciones donde acompaño procesos formativos para servidoras y servidores públicos en activo. En una de las últimas sesiones del módulo "Gobierno y Sociedad Civil", propusimos una dinámica sencilla: que cada participante escribiera dos frases en una tarjeta. Algo que sí podía hacer desde su cargo para abrir espacios de participación. Y algo que no podía, aunque quisiera. Nadie escribió “no quiero”. Casi todos escribieron “no me dejan”. ¿Quién no los deja? Una hipótesis que se podría mencionar apuntaría a las inercias institucionales, la falta de presupuesto, la estructura jerárquica, la narrativa que castiga el disenso y premia la obediencia. Ahí entendí algo que los libros no siempre dicen con claridad: la participación no solo depende de ciudadanos activos, sino también de instituciones dispuestas a transformarse. Y es que, la mayoría de los manuales de participación fracasan porque parten de una premisa falsa: que el ciudadano solo necesita canales. Lo que realmente necesita es poder. Poder para decidir, para modificar lo previsto, para hacer que su voz se vuelva acción. Entonces, ¿por dónde empezar? Primero , diseñando mecanismos con consecuencias reales. Si un consejo ciudadano no puede vetar, modificar o condicionar decisiones, no es un órgano de participación: es escenografía. Segundo, asignando recursos específicos. La participación sin presupuesto es una promesa sin cimientos. Y tercero,  formando cuadros públicos que entiendan que ceder parte del control no es debilidad, sino una forma de fortalecer la legitimidad. Porque sí: la participación no empieza con el ciudadano que exige, sino con el funcionario que permite. No se trata de abrir un foro, sino de abrir una puerta. De compartir algo del timón. La democracia participativa no se mide por el número de convocatorias, sino por cuántas decisiones cambiaron gracias a ellas. La ciudadanía no quiere más rituales. Quiere resultados. La pregunta ya no es “¿participar… para qué?”, sino: ¿Qué decisión estás dispuesto a abrir hoy para que participar valga la pena?

Hablando con un amigo sobre la -lamentable- situación política ya no del país, de nuestro estado, me dijo: “¿Sabes cuál es el problema? ¡Los chapulines!” … En mi tesis de Maestría hablé sobre la crisis de representación que atraviesan las democracias representativas y parte de mi hipótesis fue que “la crisis de representación es un fenómeno que crea grietas o fisuras en la democracia representativa (…)”.  Sostengo que la crisis de representación no se debe a uno, sino a varios factores, siendo uno de esos el transfuguismo. Pero ¿qué es el transfuguismo y porqué ocasiona crisis de representación?  El transfuguismo es, lo que coloquialmente conocemos como “chapulineo”, ese salto, reprochable, que hacen los políticos de un partido a otro.  Parecería que sólo se trata de un número importante de políticos incongruentes que persiguen únicamente sus intereses personales, que buscan el poder por el poder y que cuando no lo obtienen en el partido en el que militaban, migran a otro que les concede esas posiciones de poder que reclamaban.  Pero el problema no se queda ahí, por eso es importante mencionar que la crisis de representación es aquella que surge de la relación entre gobernantes y gobernados o representantes y representados, misma que comienza con una falta de claridad por parte del ciudadano respecto de quién es la persona encargada de representarlo y de resolver aquellas exigencias o problemas que surgen dentro de la sociedad.  En términos sencillos podría definirse como la desconfianza o la desafección que surge o que existe entre ciudadanos y gobernantes.  Josep Ma. Reniu Vilamala, autor del capítulo octavo de la obra  El debate de la crisis de representación política editada por Antonio J. Porras   señala que uno de los motivos que da origen a la tensa relación entre representado y representante, es el incumplimiento de este último con respecto a los intereses del primero, mismos que lo llevaron a elegirlo y confiar en que lo representaría.  El mismo autor sostiene que el transfuguismo “adquiere su más amplia significación” cuando el representante “opta por desvirtuar su designación pasando a formar parte de un grupo distinto al que lo presentó a la elección”; por ende, contribuye a la crisis de representación política puesto que la ciudadanía se sentirá “traicionada” y poco representada en dos momentos: primero, en la falta de rendición de cuentas por parte del representante y en segundo lugar cuando al momento del siguiente proceso electoral, se le ve abanderando un partido político diferente.  Siguiendo a Reniu Vilamala, hay que apuntar que el transfuguismo sólo se puede llevar a cabo en un sistema multipartidista, pues apunta que en los sistemas bipartidistas no se considera transfuguismo, sino solamente un cambio.  En este sentido, lo más lógico sería que el tránsfuga migrara a un partido diferente pero cercano ideológicamente; sin embargo, en nuestro país se ha comprobado que no existe ninguna lógica para el transfuguismo, pues hemos sido testigos de casos de “chapulineo” que pensábamos imposibles.  A esto se le puede añadir, que en la mayoría de los casos esos transfuguismos tienen lugar inmediatamente después de que el político no hubiese conseguido el respaldo por parte de su partido para obtener un cargo de elección popular, lo que a todas luces constituye una demostración de que en la mayoría de los casos, se colocan los intereses personales antes que los colectivos y que al no verse satisfechos esos intereses, abandonan su partido. Pero ¿porqué le damos tanta importancia al transfuguismo?  Para explicar esto, el mismo Reniu Vilamala expone una serie de preguntas que debieran tener respuesta para explicar o en su caso, justificar el fenómeno del transfuguismo, pero la que más interesa es la siguiente: ¿puede la democracia vivir con tránsfugas en su seno? y al respecto cita al politólogo español Juan Carlos Monedero,  en su obra De la representación como trasunto de poder, el orden y la legitimidad, cuando señala que “el transfuguismo puede ser para el cuerpo político como la fiebre para el cuerpo humano: una advertencia de que tal cuerpo está enfermo”  El citado autor enuncia tres consecuencias derivadas de este fenómeno; en primer lugar sostiene que estas conductas derivan en el “falseamiento de la representación, tanto en su sentido político estricto como en el de la representatividad de las decisiones adoptadas por el gobierno”.  Esto afecta al ciudadano, como expone el autor, en tanto que se siente “estafado políticamente” pues la expresión de su voluntad política se ha visto modificada sin su intervención; entonces surge ese sentimiento de desafección entre la ciudadanía y los representantes, y por ende, la crisis de representación.  Afirma que el transfuguismo genera un debilitamiento en los partidos políticos y cobra especial importancia, en el entendido de que una solución o antídoto para la crisis de representación es el fortalecimiento institucional y son precisamente los partidos políticos una de las instituciones más importantes dentro de una democracia.  Por último, menciona a la corrupción como una de las consecuencias del transfuguismo que a su vez afecta a la representación política, en tanto que “las escasas (por no decir nulas) medidas adoptadas por la clase política respecto a la prevención del transfuguismo, favorece a su vez el proceso de debilitamiento de la credibilidad de la elite política ante la ciudadanía”. De lo anterior se rescatan dos puntos importantes, en primer lugar la idea de corrupción que genera el transfuguismo y en segundo lugar, la inexistencia de medidas por parte de la clase política para prevenirlo; ambas situaciones, tanto la corrupción o la idea de corrupción, como la falta de medidas que eviten el transfuguismo, afectan e incrementan la crisis de representación política. El doctor en filosofía Hugo Quiroga, refiere que una de las complejidades que rodean a la democracia se encuentra precisamente en los actores de esta y puntualiza que el problema está en los actores que la encarnan y dan contenido a la acción política, porque sus dirigentes, más preocupados por permanecer en el poder que por el “buen gobierno”, y los ciudadanos en sus justos reclamos de derechos, olvidan sus obligaciones cívicas. Habiendo expuesto lo anterior, como primera conclusión podemos afirmar que el transfuguismo efectivamente afecta a la democracia, pues genera crisis de representación, crea animadversión entre ciudadanos y políticos, que a su vez, provoca un desinterés del ciudadano por los asuntos públicos de su ciudad, estado o país; resultando en una participación ciudadana cada vez más baja, lo cual afecta considerablemente a una democracia.  La pregunta obligada es ¿tiene solución el transfuguismo?  Considero que se trata, en primer lugar, de una cuestión de valores, empezando con el valor de la congruencia, tan importante en la actividad política y tan poco común en estos tiempos.  Es incongruente aquella persona que habiendo adoptado una ideología partidista, habiendo representado y defendido unos colores en la tribuna, se le ve de pronto vistiendo otros colores, argumentando que el partido en el que antes militaba “ya no representa los intereses del pueblo” aunado a un: “y prefiero unirme a un proyecto que sí lo haga”.  Pues todos sabemos que el verdadero interés del tránsfuga es la permanencia en el poder y se va por un interés personal, por la promesa de una candidatura que en su antiguo partido no pudo conseguir.  Es cierto, que se podría argumentar que no siempre es culpa de la persona sino del partido, porque “ya no hay apertura”, pero creo que los casos en los que se le puede atribuir la culpa a la dirigencia de un partido político, son los menos.  Ziblatt y Levitsky en su obra Cómo mueren las democracias, sostienen que la democracia es un “trabajo extenuante” pues exige “negociación, compromiso y concesiones. Los reveses son inevitables y las victorias siempre parciales”, agregan que “si bien estas limitaciones frustran a todos los políticos, los demócratas saben que no les queda más remedio que aceptarlas (…)” y mencionan que a diferencia de los demócratas, para los “recién llegados, sobre todo aquéllos con tendencia a la demagogia, la política democrática resulta con frecuencia intolerablemente frustrante”. En este sentido, me atrevo a hacer una comparación con lo que sostienen dichos autores, pues considero que a los políticos que van de un partido a otro, también podríamos llamarles “recién llegados” y  aunque no podría afirmar que todos esos “recién llegados” (chapulines) tienden a la demagogia, sí puedo afirmar y concluir que son inevitablemente antidemócratas, puesto que no aceptan las limitaciones intrínsecas de la democracia.  De manera que, sí, uno de los principales problemas de nuestra democracia representativa es el “chapulineo”.  Por último, mencioné con anterioridad, que la teoría nos demuestra que el transfuguismo genera crisis de representación, sin embargo, lo triste es que en la práctica el tránsfuga sigue beneficiándose de los resultados electorales.  Quizá la solución para acabar con el transfuguismo esté en nosotros los ciudadanos, pero ese será tema de otra entrega. *Es abogada y Maestra en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho por la Universidad Francisco de Vitoria, España.

El 13 de abril de 2025, en la Unidad Habitacional La Margarita en Puebla Capital, despierta con un murmullo diferente. Bajo el cielo aún rosado, decenas de vecinos se reúnen, armados con escobas, machetes y brochas. El Gobernador Alejandro Armenta Mier está entre ellos, no como una figura distante, sino como uno más, con las mangas remangadas, podando un arbusto. La faena comunitaria número 14 está en marcha: banquetas se barren, guarniciones se pintan de blanco brillante, y más de tres carros de volteo se llenan de escombros. Los niños corretean, aprendiendo el valor del esfuerzo colectivo, mientras los mayores comparten memorias. Hay algo en el aire, una chispa de orgullo que transforma el cansancio en satisfacción. En un momento, Armenta se detiene para anunciar dos proyectos: la rehabilitación de puentes peatonales sobre el río y una inversión de 600 millones de pesos para llevar agua del Lago de Valsequillo a municipios como Tecamachalco y Tepeaca. La multitud escucha atenta, no solo por las promesas, sino por el hombre que las dice, alguien que lleva desde 1990 organizando faenas en Acatzingo, que conoce el poder de un pueblo unido. Las faenas no son solo limpieza; son un acto de amor por Puebla. Son el reflejo de una visión que Alejandro Armenta Mier ha cultivado durante décadas: un estado donde la comunidad se reúne, no por obligación, sino por un deseo compartido de construir algo mejor. Cada rama cortada, cada banqueta pintada, es un paso hacia un Puebla más seguro, más hermoso, más unido. Estas jornadas encarnan el "humanismo mexicano", un ideal que busca "Senderos de Paz" donde los ciudadanos no solo conviven, sino que prosperan juntos. El impacto trasciende lo visible. Un entorno limpio disuade el delito, invita a los visitantes, y puede, con el tiempo, impulsar la economía local al hacer de Puebla un destino más atractivo. Pero el verdadero cambio está en las personas. En La Margarita, un joven, con pintura en las manos, añade: “Esto me hace querer cuidar mi calle siempre”. Las faenas siembran una semilla de responsabilidad colectiva, un recordatorio de que el bienestar de Puebla depende de todos. Las faenas resuenan con una tradición mexicana profunda: el tequio, ese trabajo comunitario donde los vecinos se unen por el bien común. Armenta, con su historia de faenas en Acatzingo, no inventó esta práctica, pero la ha elevado a una escala estatal, dándole un nombre y un propósito renovado. Es como si hubiera destilado el espíritu del tequio, en una palabra—“faena”—que ahora permea todo el estado de Puebla. En Huejotzingo ó en Zacatlán, por ejemplo, las faenas comenzaron el 15 de octubre de 2024, es un movimiento que no impone, sino que inspira, se destaca marcando el camino para otros municipios. No son chispas aisladas, es una articulación con los tres niveles de gobierno, con el ejemplo la Presidenta Claudia Sheinbaum con los Senderos de Paz, Alejandro Armenta con las Faenas Comunitarias y por mencionar a Roberto Solís Presidente Municipal de Huejotzingo que emula el trabajo comunitario, los senderos y las faenas, seguramente hay muchos y muchas más. Las faenas son un telar donde se entretejen los hilos de la comunidad. Cada jornada fortalece la confianza entre los poblanos, recordándoles que no están solos en la construcción de su futuro. Son un antídoto contra la indiferencia, una invitación a mirar al vecino, al barrio, al estado, con ojos de compromiso. Como dijo Armenta: “No somos faraones ni virreyes, somos ciudadanos al servicio de Puebla”. Esta frase captura la esencia de las faenas: un liderazgo que no se eleva sobre la gente, sino que camina con ella. El Gobernador no solo organiza; participa, suda, escucha. En La Margarita, mientras recoge escombros, una anciana le cuenta cómo el barrio ha cambiado desde los años setenta. Él asiente, no con prisas, sino con atención. Este diálogo, tan simple y humano, es parte de lo que hace que las faenas sean trascendentales. No son solo tareas; son momentos donde se reconstruye la confianza, donde se teje un Puebla más solidario. Las faenas no terminan con un día de trabajo. Armenta ha anunciado planes para limpiar más vías, como el Bulevar CU hasta San Francisco Totimehuacan, incluyendo áreas cercanas al Africam Safari y el Valsequillo. Cada proyecto es una pieza de un rompecabezas mayor: un estado donde la belleza de sus paisajes refleja la fortaleza de su gente. Las faenas son el cimiento de este sueño, un recordatorio de que el cambio comienza con las manos de los ciudadanos. Las faenas comunitarias de Alejandro Armenta Mier son una filosofía viva. Dan nombre a una verdad que el Gobernador ha entendido desde hace años: que la grandeza de Puebla no está en sus monumentos, o aquellas obras faraónicas, sino en su gente unida. Cada faena es un acto de fe en la comunidad, una apuesta por un tejido social más fuerte, por un estado donde el orgullo cívico sea tan común como el aire que respiramos. Para los poblanos, participar en una faena no es solo limpiar una calle; es escribir, con cada esfuerzo, una historia de unidad y esperanza.

A medida que nos acercamos a las elecciones de 2024, reconocidas por su significativa importancia histórica y probablemente por ser las más costosas hasta la fecha, nos enfrentamos a la necesidad de profundizar en uno de los dilemas más complejos de nuestra democracia: el fenómeno del abstencionismo. Este tema, de gran relevancia, nos obliga a considerar la especificidad de cada contexto y localidad, dada la diversidad de variables que intervienen y hacen inviable cualquier intento de generalización. El abstencionismo, especialmente marcado en comunidades rurales de estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla, nos revela una problemática multifacética. La falta de acceso a las urnas, exacerbada por las condiciones de pobreza, plantea un obstáculo significativo para la participación electoral, aunque este fenómeno no se presenta de manera uniforme en todas las elecciones. Existen momentos en que, gracias a esfuerzos de movilización y apoyos económicos, estas comunidades logran superar las barreras que les separan de las casillas electorales, mostrando una complejidad en la dinámica del abstencionismo que desafía cualquier simplificación. Aunque históricamente se ha considerado al abstencionismo como un fenómeno marginal con poco impacto en el resultado electoral, estudios recientes sugieren una creciente desafección política entre los jóvenes, quienes se muestran reticentes a comprometerse con la votación y participan menos dentro de los partidos políticos. Esta tendencia señala un cambio significativo en la percepción y participación política, especialmente relevante cuando se observa a través de la lente del voto nulo. El voto nulo, entendido como expresión de descontento y apatía hacia las opciones políticas disponibles, se promovió en elecciones pasadas como protesta. En México, las campañas de 2009 y 2015 destacaron por impulsar esta modalidad de voto, buscando no solo rechazar a los candidatos presentes sino también exigir una mejora en la oferta política. Este fenómeno no debe interpretarse como una falta de interés o conocimiento, sino como una decisión informada y racional de electores que, insatisfechos con sus opciones, optan por el voto nulo como medio de expresión política. La teoría de la racionalidad del elector, propuesta por analistas como Daniel Zovatto, nos permite comprender el voto nulo no como un acto de apatía, sino como una crítica consciente y deliberada al sistema político. Además, la práctica del voto nulo se erige como un mecanismo de presión democrática, un llamado a la reflexión sobre la calidad de la oferta electoral y la necesidad de reformas que respondan a las demandas de la sociedad. Según Flavia Freidenberg, este acto puede ser una herramienta efectiva para exigir transparencia, rendición de cuentas y mejoras sustanciales en el proceso electoral. El voto nulo, ya sea intencionado o resultado de errores involuntarios, representa una abstención activa que desafía a los partidos y al sistema político a adaptarse y mejorar. A través de este gesto, los ciudadanos buscan visibilizar su rechazo a la oferta partidista actual y presionar por candidatos de mayor calidad y propuestas más convincentes. En este contexto, la participación de los jóvenes en actos de "abstención cívica" adquiere una relevancia particular. Ellos, a menudo los más inclinados hacia este tipo de protesta, destacan la necesidad de escuchar y entender las demandas y desafecciones de la ciudadanía, recordando las palabras de Dilma Rousseff sobre la importancia de atender a las voces de la plaza pública. A medida que avanzamos hacia las elecciones de 2024, es imperativo no solo observar sino también actuar frente a los desafíos planteados por el abstencionismo y el voto nulo. La dinámica electoral continúa evolucionando, y con ella, la necesidad de promover una participación ciudadana informada, crítica y comprometida con el fortalecimiento de nuestra democracia. Sigue caminando el proceso electoral 2024, pero siguen saliendo los grandes desafíos y desafecciones de la ciudadanía, desde las antípodas seguiremos dando cuenta de ello

El impacto del crimen organizado en la economía mexicana ha dejado de ser una cuestión relegada a los titulares de la nota roja para convertirse en un fenómeno que afecta directamente la vida cotidiana de todos los mexicanos. La inflación, que muchos asocian únicamente con factores económicos tradicionales, ha encontrado un nuevo y alarmante motor en la extorsión y control que los cárteles de la droga ejercen sobre la cadena de suministros alimentaria del país. En los últimos años, los cárteles de la droga han expandido sus operaciones hacia el sector agrícola, apoderándose de hectáreas de cultivo, tomando control del transporte y los almacenes de alimentos, y, lo más preocupante, imponiendo los precios finales al consumidor. Esto ha convertido a productos como el aguacate, el limón y el mango en las primeras víctimas de este esquema, con estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Jalisco, entre otros, siendo los más afectados. El impacto ha sido devastador. Los precios de estos productos, fundamentales en la dieta de millones de mexicanos, se han disparado, en algunos casos hasta en un 300%. Aunque este problema no es nuevo, ha alcanzado un punto crítico en la actualidad, afectando no solo a estos productos específicos, sino también a otros de primera necesidad. Este fenómeno ha encendido las alarmas en las cámaras empresariales y de comercio a nivel nacional, evidenciando una crisis que hasta ahora ha pasado inadvertida para muchos. El control que los cárteles ejercen sobre el sector alimentario no se limita a la mera extorsión. Los proveedores de insumos y alimentos más grandes también han sido blanco de amenazas para retrasar entregas y elevar los precios finales en mercados públicos y centrales de abasto. Aquellos que se niegan a acatar las órdenes de estos grupos delictivos sufren consecuencias graves: desde el robo y destrucción de sus cosechas hasta la quema de camiones que transportan los productos. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, ha señalado que, aunque no se cuentan con datos duros para evaluar el impacto exacto de la inseguridad y las extorsiones sobre la formación de precios, la evidencia anecdótica sugiere que este es un factor importante y creciente que contribuye al proceso inflacionario. Este problema, agrega Heath, ya no puede ser considerado como "coyuntural" sino como "estructural", enraizado en la economía mexicana y dificultando la capacidad del Banco de México para alcanzar su meta de inflación del 3%. La situación es compleja. Aunque es difícil medir el impacto exacto de las extorsiones en la inflación, el traspaso a precios es real y afecta tanto a las empresas como a los consumidores finales. Las denuncias de extorsión son escasas, con un estimado de que el 98.9% de los casos no se reportan por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o la complejidad del proceso de denuncia. El encarecimiento de productos como el limón en estados como Michoacán, donde el control del crimen organizado es particularmente fuerte, es un ejemplo claro del alcance de este problema. Los productores, bajo amenaza, se ven obligados a acatar los precios impuestos por los extorsionadores o abandonar sus tierras, lo que reduce la oferta y eleva aún más los precios. Este fenómeno no solo incrementa los costos de operación y producción, sino que también deteriora el tejido social y la confianza en las instituciones. Es un problema que afecta a todos: desde el pequeño comerciante que debe pagar cuotas para operar sin represalias, hasta el consumidor final que ve cómo el precio de los productos básicos se dispara. Es urgente que las autoridades y la sociedad civil trabajen juntas para erradicar este delito que está destruyendo nuestra economía y nuestra paz social. No se trata solo de combatir la inflación, sino de recuperar la confianza en un país que no puede permitirse que el crimen organizado controle lo que ponemos en nuestra mesa

En el contexto de la democracia contemporánea, la regla de la mayoría establece más que la determinación de quién ostentará el poder político; refleja una profunda interacción entre los derechos y deberes inherentes a la ciudadanía. Esta interacción, fundamentada en el acceso equitativo a derechos civiles, políticos y sociales, marca el principio de una sociedad justa y equitativa. La visión de Marshall sobre la ciudadanía sugiere que la verdadera democracia se alcanza solo cuando estos derechos convergen, permitiendo a todos los individuos participar activamente en la vida social, económica y política sin discriminación. La ciudadanía, tal como se entiende en las sociedades democráticas, implica no solo el derecho a votar y ser votado, sino también el acceso a un mínimo bienestar económico y a una vida digna conforme a los estándares predominantes de la sociedad. Este concepto ampliado de ciudadanía desafía las visiones tradicionales, promoviendo una igualdad básica asociada con la pertenencia a una comunidad política, donde todos los miembros están dotados de derechos y obligaciones por el mero hecho de su pertenencia al Estado. Sin embargo, la realización plena de la ciudadanía enfrenta obstáculos significativos. Fenómenos como el voto nulo o en blanco son manifestaciones de una inconformidad generalizada con las instituciones encargadas de garantizar el proceso electoral. Para abordar esta problemática, es fundamental que dichas instituciones no solo recuperen su legitimidad, sino que también se comprometan a promover una cultura de participación activa y crítica entre los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes. Esto implica garantizar que los derechos civiles, políticos y sociales se entrelacen de manera que fomente una ciudadanía plena y activa. La perspectiva histórica sobre la relación entre ciudadanía y Estado revela diferentes enfoques sobre cómo las personas y los grupos se relacionan con el poder y participan en los proyectos de desarrollo. Desde el enfoque de "Súbdito beneficiario" hasta las visiones más modernas de "Participación ciudadana" y "Empoderamiento", se destaca la evolución hacia una participación más inclusiva y democrática. Estos enfoques subrayan la importancia de la educación, la organización social y la acción colectiva para empoderar a sectores tradicionalmente marginados, incluidos los pobres, las minorías y otros grupos vulnerables. Para promover una ciudadanía activa y responsable, es crucial adoptar estrategias de empoderamiento que faciliten el acceso a la información, promuevan la inclusión social y la participación, y refuercen la capacidad organizativa a nivel local. Estas estrategias deben estar acompañadas por instituciones abiertas y transparentes que permitan una participación efectiva de todos los ciudadanos en la toma de decisiones y en la vida política del Estado. La inclusión social y la participación son fundamentales para presionar por el cambio y tomar decisiones informadas. Esto requiere no solo abrir espacios de debate y deliberación, sino también asegurar que los procesos participativos alcancen un consenso que refleje la voluntad colectiva. La capacidad local organizativa, por su parte, permite a las comunidades movilizar recursos y trabajar juntas para resolver problemas comunes, reforzando así la cohesión social y el sentido de pertenencia. Las instituciones formales e informales juegan un papel crucial en el fortalecimiento de la democracia participativa. Al ser abiertas y transparentes, facilitan el correcto funcionamiento de los sistemas de rendición de cuentas, promueven una distribución equitativa de los recursos y permiten una participación ciudadana más activa y consciente. Estas instituciones deben ser accesibles y responder a las necesidades y demandas de la sociedad civil, promoviendo el empoderamiento de todos los ciudadanos y asegurando que su voz sea escuchada y considerada en la toma de decisiones. La construcción de una sociedad democrática y participativa requiere de un compromiso colectivo para promover la ciudadanía activa, el empoderamiento y la inclusión social. Al fomentar el acceso a la información, garantizar la participación en la toma de decisiones y promover una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, podemos avanzar hacia una democracia más justa, equitativa y representativa. La ciudadanía, en su máxima expresión, no solo implica ejercer el derecho al voto, sino también participar activamente en la vida política, social y económica del país, contribuyendo al desarrollo colectivo y al bienestar común. En conclusión, la ciudadanía es el pilar fundamental de la democracia y el desarrollo social. A través de la educación cívica, el empoderamiento ciudadano y la participación activa en la vida pública, podemos construir sociedades más inclusivas y resilientes. Es imperativo que las instituciones, tanto públicas como privadas, trabajen conjuntamente con los ciudadanos para promover una ciudadanía plena, basada en el respeto mutuo, la igualdad de derechos y la corresponsabilidad en la búsqueda de un futuro común más prometedor. Para aquellos jóvenes con poco interés en la política, el "refacultamiento ciudadano" ofrece un camino hacia la integración activa en la política, viendo la cultura política como un elemento esencial en el desarrollo comunitario. Esto implica generar espacios de interacción donde los jóvenes puedan participar, deliberar y actuar, no solo en universidades y parques, sino en todos los ámbitos de la vida pública. Al reflexionar sobre estas dimensiones de la ciudadanía, nos preparamos para una próxima discusión sobre cómo el empoderamiento y la participación activa pueden servir como catalizadores para la reconstrucción del tejido social y político, promoviendo una sociedad más justa, inclusiva y democrática. La ciudadanía, entendida de esta manera amplia, invita a todos, especialmente a los jóvenes, a comprometerse no solo en el ejercicio del voto, sino en una participación consciente en la vida colectiva, fortaleciendo así los cimientos de nuestra democracia.