Si un observador extraterrestre realizara exploraciones periódicas a nuestro planeta Tierra, quedaría impactado por un cambio notable visible desde el espacio: el rápido ritmo de la urbanización. Las ciudades, semejantes a grandes luciérnagas iluminadas y titilantes desde el espacio, devoran grandes zonas rurales, creando vastas manchas de luz nocturna. La imagen, desde los satélites, es impresionante. Y es que la fundación de la ciudad fue decisiva para nuestra evolución. Robert Park, famoso sociólogo urbano, afirmaba que la ciudad era «el intento más coherente y en general más logrado del hombre por rehacer el mundo en el que vive de acuerdo con sus deseos más profundos. Pero, también es el mundo en el que está desde entonces condenado a vivir». ¿Libres o condenados? ¿Cuál es la situación actual? Hagamos un zoom histórico a tan interesante desarrollo. En 1800, menos del 2% de la población mundial vivía en ciudades. Para 1900, ese porcentaje había aumentado al 5%, y en 1950 llegó al 30%. En 2007, por primera vez en la historia, más de la mitad de la humanidad vivía en áreas urbanas. Según el World Cities Report 2022 de la ONU, en 2022 existían 570 ciudades con más de un millón de habitantes, 60 de las cuales superan los cinco millones y 37 tienen más de diez millones. Estas últimas son conocidas como "megaciudades" (UN-Habitat). La concentración de personas en estas enormes urbes ha sido impulsada por las ventajas que ofrece la aglomeración de individuos, conocimientos y actividades, frecuentemente debido a la proximidad de ecosistemas y cadenas de producción afines. A nivel global, ejemplos de ello son Londres y Nueva York, como capitales financieras, y Shenzhen, en la provincia china de Cantón, como capital de la electrónica de consumo (UN Population Division). Las economías de escala generan numerosos ahorros. Las interacciones entre productores, proveedores y consumidores son más fáciles de gestionar en un entorno denso y conectado. Las empresas encuentran mano de obra abundante y diversa, y a pesar de los problemas de aglomeración y medioambientales, la calidad de vida en las grandes ciudades sigue atrayendo talento global, bajo la promesa de movilidad social y de un mejor futuro personal o familiar. Las ciudades son epicentros de sinergias y oportunidades de inversión, y ofrecen superiores posibilidades de educación y carreras profesionales (World Bank). Esta dinámica es la razón por la cual muchas ciudades pequeñas y zonas rurales están perdiendo población, mientras las megaciudades continúan creciendo. Otra perspectiva más geopolítica nos refiere que el crecimiento de las megaciudades ejemplifica la menguante influencia de Occidente y el ascenso de Asia. En 1900, nueve de las diez ciudades más grandes del mundo estaban en Europa y Estados Unidos. En 1950, Nueva York y Tokio eran las únicas megaciudades; Ciudad de México se unió en 1975. A finales del siglo pasado, había 18 megaciudades, y en 2020 el número ascendió a 35, con más de 500 millones de habitantes. Actualmente, 21 de las 37 megaciudades están en Asia. Hay seis en Latinoamérica, dos en Europa (Moscú y París), cuatro en África (El Cairo, Lagos, Kinshasa y Dar es-Salam) y cuatro en Norteamérica (Ciudad de México, Nueva York, Los Ángeles y Chicago) (UN Population Division) (World Bank). Un detalle digno de atención: ninguna megaciudad sobresale en todos los criterios de calidad de vida. Tokio es limpia, con áreas residenciales tranquilas cerca del centro urbano, transporte público ejemplar y baja criminalidad, pero sus viviendas son pequeñas y los desplazamientos diarios largos y agotadores. Las megaciudades chinas destacan por su arquitectura moderna y proyectos públicos, pero enfrentan problemas de calidad del aire y agua, y vigilancia constante. En África, megaciudades como Lagos y Kinshasa son ejemplos de desorganización, pobreza y degradación medioambiental (UN-Habitat). Ciudad de México ofrece un panorama similar de desigualdad. Pese a estas dificultades, las megaciudades continúan atrayendo personas. Naciones Unidas prevé la aparición de diez nuevas megaciudades antes de 2030: seis en Asia (incluyendo Ahmedabad e Hyderabad en India), tres en África (Johannesburgo, Dar es-Salam y Luanda) y Bogotá en Colombia (UN Population Division). México cuenta con dos megaciudades: Ciudad de México y Guadalajara. La Ciudad de México, con una población de más de 21 millones de habitantes, es un núcleo económico y cultural del país. Guadalajara, aunque más pequeña, ha crecido rápidamente y cuenta con una población de alrededor de 5 millones. Ambas ciudades enfrentan retos similares a otras megaciudades globales, como la congestión urbana, problemas medioambientales y desigualdades socioeconómicas, pero también ofrecen vastas oportunidades en términos de empleo, educación y calidad de vida (Fuente: INEGI, 2024). Ante todo esto, bien podemos preguntarnos lo siguiente: ¿Vale la pena vivir en megaciudades con todos los desafíos que presentan, como la congestión y la contaminación? ¿Nos hemos desconectado de la realidad y el entorno natural al vivir en espacios tan densamente poblados? ¿Cómo podemos equilibrar las ventajas de la vida urbana con la necesidad de sostenibilidad y calidad de vida? ¿Qué políticas públicas podrían implementarse para mejorar la vida en las megaciudades y hacerlas más habitables? ¿Cómo pueden las megaciudades contribuir a resolver problemas globales como el cambio climático y la desigualdad social? José Antonio Marina escribía en su didáctico libro El deseo interminable: Las claves emocionales de la historia , que el éxito de la ciudad se debió a que prometía satisfacer tres grandes deseos humanos: el bienestar y la seguridad, la sociabilidad, y el aumento de posibilidades. Apareció por eso como la imagen de la felicidad. Hardt y Negri argumentan que deberíamos ver «la metrópoli como una fábrica en la que se produce el bien común». ¿Es esto hoy una realidad? ¿O es una simple quimera? ¿Qué hará el gobierno de la cuarta transformación respecto a esto? ¿Es la ciudad una ilusión quebrada?

“¿Qué pasa si en una Argentina corroída por más de una década de crisis económica y política, golpeada por una pandemia que dejó 130 mil muertos, agotada por años de inflación y de inseguridad, enojada por vivir siempre con la soga al cuello, alguien empieza a decir que la culpa de todo es de quienes la manejan y la manejaron? ¿Qué pasa si ese discurso incendiario, que está quemando también otras latitudes, prende? ¿Qué pasa si en un país inestable aparece un líder inestable?” ¿Qué pasa si ese líder llega a la presidencia? Estas son las preguntas que se hace el investigador Juan Luis González, en su libro de reciente publicación titulado El loco: La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina . Obra que ahora sacamos a colación, a propósito de la asistencia de Javier Milei, en calidad de ponente, a un Congreso en México la próxima semana y los efectos diplomáticos y políticos que esto tiene para nuestro país. Cabe decirlo, no es la primera vez que este tipo de eventos y ponentes se realizan en nuestro país. La libertad de expresión es un elemento fundamental de las democracias, pero también debe ser puesta en el marco de que tratamos visiones y proyectos internacionales de derecha y de izquierda, progresistas o conservadores; globalistas o regionales. El arribo de Javier Milei a México para participar en un congreso ha reavivado el debate sobre la importancia de la libertad de expresión y la necesidad de proteger este derecho fundamental en toda democracia. En el contexto actual, donde las ideologías políticas a menudo polarizan a la sociedad, es crucial recordar las palabras atribuidas a Voltaire: "Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Esta frase subraya la esencia de la libertad de expresión: el derecho a expresar ideas, incluso aquellas con las que otros no están de acuerdo. En una democracia saludable, el debate y la confrontación de ideas son indispensables. La libertad de expresión permite que las distintas voces se escuchen, se discutan y se sometan a la crítica pública, fortaleciendo así el tejido democrático. Sin embargo, este derecho debe ejercerse con responsabilidad y respeto, centrándose en los argumentos y no en los ataques personales. Como se menciona en otra máxima importante, "Se deben atacar los argumentos, no a las personas". Este enfoque permite un debate más constructivo y menos polarizador, donde se pueden examinar las ideas en su mérito y no desacreditar a quienes las proponen. La visita de Javier Milei a México no ha pasado desapercibida para las máximas autoridades del país. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, abordó el tema durante una de sus conferencias matutinas, subrayando la importancia de las libertades en México: “En nuestro país hay libertades; puede venir cualquier persona, presidente, dirigente de oposición, representante de bloques de derecha. Este es un país libre, no hay censura, persecución; hay libertades plenas”. Esta declaración refleja el compromiso del mandatario con la libertad de expresión, incluso cuando no coincide con las ideas de los invitados, como es el caso de Milei. Por su parte, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, también expresó su postura sobre la visita de Milei, dejando claro que no se reunirá con el presidente argentino. Sheinbaum comentó: “Él viene a un evento de una organización internacional de personas que pertenecen a bloques conservadores en sus países. No viene a una visita oficial con el presidente de la república o con la presidenta electa; él viene a esa reunión y tiene todo el derecho de hacerlo”. Con estas palabras, Sheinbaum reafirma el derecho de Milei a asistir al evento, mientras delimita claramente el carácter no oficial de su visita. La presencia de Javier Milei en eventos internacionales como la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) en México también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre el poder económico y el poder político. Milei, quien se autodenomina como el primer presidente anarco-capitalista, aboga por un modelo donde el Estado tenga una mínima intervención en la economía, dejando que el capital privado resuelva los problemas públicos. Esta visión ha captado la atención de sectores que ven en la reducción del Estado una solución a las crisis actuales, pero también ha generado preocupación por las posibles implicaciones para la equidad y la justicia social. Arnold Rose, en su obra La estructura del poder , describe cómo el poder económico puede influir en la política a través de diversas estrategias, desde la corrupción hasta la manipulación de la opinión pública. La participación de líderes como Milei en congresos internacionales no es solo un ejercicio de libertad de expresión, sino también una manifestación de cómo el poder económico y las ideologías que lo respaldan pueden moldear las políticas públicas y, en última instancia, las democracias. En conclusión, la visita de Milei a México pone de relieve la importancia de contar con espacios donde se puedan debatir ideas con libertad y respeto. En un contexto global marcado por la polarización, es vital que las democracias protejan la libertad de expresión y fomenten el diálogo abierto, permitiendo que todas las voces sean escuchadas, incluso aquellas que son incómodas o controvertidas. El verdadero desafío radica en mantener este diálogo en el terreno de los argumentos, evitando la tentación de descalificar o atacar a las personas. Defender la libertad de expresión no implica respaldar todas las ideas que se expresan, sino garantizar que exista un espacio para que esas ideas puedan ser discutidas y confrontadas. Es en ese crisol donde se forjan las democracias sólidas y resilientes, capaces de enfrentar los desafíos del futuro sin sacrificar los principios fundamentales que las sostienen.

Los procesos de transición a nivel federal y local se aceleran estrepitosamente. En México, estamos próximos a comenzar una nueva etapa en el ejercicio de gobierno, tanto a nivel federal como subnacional. Sucede, sin embargo, que, como parte de la cultura política del mexicano, somos campeones olímpicos en depositar altísimas expectativas y confianza en las personas, pero muy poca en las instituciones, los sistemas y la inteligencia colectiva. ¿Por qué es así? ¿Nos persigue aún un culto al Tlatoani mesoamericano? ¿Anhelamos líderes fuertes? ¿Estamos condenados al cesarismo o al eterno caudillo? Imagine el lector por un momento lo siguiente: ¿qué pasaría si el gobernador del Banco de México y sus cuatro subgobernadores —encargados de procurar la estabilidad del poder adquisitivo del peso— fueran sustituidos por cuatro simpáticos monos peludos? Si uno tuviera que responder rápidamente, diría que la economía mexicana colapsaría. Ahora bien, si miramos las cosas desde la perspectiva de las instituciones y los sistemas, la respuesta debería ser muy diferente: el gobierno de los monos pondría de manifiesto hasta qué punto estamos gobernados más por sistemas que por personas, con equilibrios, contrapesos y correcciones automáticas que evitarían el colapso del sistema . ¿Perfectibles? Desde luego, pero justamente por eso vivimos en democracias. ¿Por qué? Porque, como señala Daniel Innerarity en su libro Teoría de la Democracia Compleja , "Las democracias son los sistemas políticos que mejor aprovechan el saber distribuido, que producen una mejor legislación y unas políticas públicas de mayor calidad". De manera tal que, en una sociedad que privilegie más a los sistemas y las reglas del juego que a los líderes en turno, podría prescindirse de las personas inteligentes, pero no de los sistemas inteligentes. Es importante mencionarlo: las democracias son los sistemas políticos más inteligentes, pero necesitan aprender más, porque la mayoría de los problemas con que nos enfrentamos requieren más y mejor conocimiento. No basta con voluntad política y autoridad. Justamente hoy, un talón de Aquiles de las democracias es la crítica a su efectividad. Si lo importante son los sistemas y no los líderes que buscan un culto a su personalidad, ¿qué haría un buen líder? Se haría prescindible y crearía mejores y más inteligentes sistemas. ¿Sería esto fácil? En absoluto, porque de por medio tendría que ejercitarse un músculo poderosísimo, ese que Aristóteles menciona cuando hace de la política la ciencia del supremo bien, pues ella “puede proporcionar el conocimiento de lo que, en medio de los múltiples bienes y fines posibles, puede constituirse en el fin más elevado para el hombre”. En términos simples, porque entre un mar de conflictos e intereses, el político logra llegar a la mejor solución posible. ¿Ejemplos actuales de sistemas puestos en duda? Venezuela y su proceso electoral, sin lugar a duda, porque están basados en un personalismo exacerbado en el líder que ha creado un sistema político poroso y frágil, como si padeciese osteoporosis, pero completamente a su conveniencia. No hay ahí inteligencia colectiva, hay inteligencia sí, pero facciosa para seguir controlando el Estado. Y es que si bien, las elecciones estuvieron plagadas de abusos, carecían de legitimidad desde la proscripción de la candidatura de María Corina Machado, pero al participar, en esas condiciones, y con esas autoridades, la oposición aceptó las reglas de juego del gobierno.   ¿Qué ha ocurrido en México? Una mirada a la historia de los últimos cien años nos revela partos de instituciones y de un sistema político complejo, cambios graduales, alternancias partidarias y también, nervios del poder aún no tocados. Pese a ello, los avances han sido notables. Morena, en su ejercicio del poder, ha tocado de raíz el sistema más neurálgico de todos: la Constitución Política de nuestro país. Lo ha hecho porque ha podido y querido, apelando a la distribución de la riqueza y a un enfoque de corte más social. ¿Tendrá los efectos esperados? En materia de poder, ya los tuvo: gobernará otros seis años más. En materia de salud democrática, ¿está Morena creando sistemas con mayor salud democrática? ¿A dónde oscilará el péndulo de la historia?

Después de un intenso debate sobre si Morena estará o no sobrerrepresentada en el Congreso de la Unión, el viernes 23 de agosto, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo correspondiente a la asignación de diputaciones federales y senadores por el principio de representación proporcional (RP). No se trata de un asunto menor. La discusión sobre las mayorías en ambas cámaras para Morena es crucial, en tanto forma parte de una agenda legislativa que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha heredado a su sucesora, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de consolidar, en materia constitucional, el “segundo piso” de la Cuarta Transformación. Y es que, una vez lograda la frontera del Congreso de la Unión en materia de efectividad política, se presentará un interesante desafío para los Congresos Estatales, toda vez que, conforme al artículo 135 Constitucional, para modificarla, una vez aprobadas por el voto de las dos terceras partes de las dos Cámaras del Congreso de la Unión, las reformas o adiciones habrán de ser aprobadas por la mayoría absoluta, es decir, 17 de las legislaturas de los estados. De ahí lo relevante del anuncio dado por el INE respecto a los diputados y senadores asignados por el principio de representación proporcional. En esencia, de los 500 diputados que conforman la Cámara de Diputados, la alianza de Morena, el PVEM y el PT contará con 364 diputaciones federales. Los partidos opositores, PRI, PAN y PRD, en conjunto, tendrán sólo 108 legisladores. Si partimos de que la agenda legislativa inmediata, como parte del Plan “C”, versará sobre las modificaciones a la Constitución, y que para esto se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados (334 votos), Morena, con el apoyo de sus aliados, tiene superada dicha barrera. En lo que respecta a la Cámara de Senadores (128 senadores), para disponer de mayoría calificada, Morena y sus aliados necesitaban un total de 85 legisladoras y legisladores para superar los tres tercios de 128 escaños. No obstante, tendrán 83 senadores, a sólo dos votos necesarios para lograr su objetivo y seguir adelante en la aprobación de modificaciones constitucionales. ¿Cuál es el panorama de Morena a nivel estatal? Positivo en términos generales, ya que de los 32 estados que conforman nuestro país, la coalición formada principalmente por Morena, PT y PVEM tiene la mayoría simple en dos entidades (Jalisco y Zacatecas), la mayoría absoluta en tres (Campeche, Querétaro y Yucatán), y la mayoría calificada (dos terceras partes o más de las curules) en 20 entidades (Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Colima, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, San Luis Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Por lo tanto, desde la política interna a nivel estatal, cuando los Congresos locales se erijan como figura Constituyente para aprobar o no los proyectos de decreto de reforma constitucional, será necesario, además de la generación de acuerdos y consensos, en tanto la posición de poder actualmente ejercida por Morena, una mirada profunda a la eventual implementación y al impacto que tendrán en las realidades locales los proyectos del segundo piso establecidos por la eventual presidenta de la República. Finalicemos poniendo un poco de perspectiva a todo esto. Hace más de dos milenios, entre los años 335 y 322 a.C., Aristóteles llegó a dos conclusiones en su famosa obra denominada Política : Su primera conclusión fue: “la pobreza y la riqueza constituyen la verdadera diferencia entre la democracia y la oligarquía”. La segunda, igualmente importante, remataba: “cuando muchos poseen mucho y otros nada, lo mismo puede surgir una democracia extrema que una oligarquía pura”. Es necesario decirlo: en México, donde muy pocos poseen mucho y muchos poseen muy poco, nuestra agonizante Constitución de 1917 ha devenido en una serie de parches que favorecían de facto un sistema oligárquico que presagiaba un estallido social. ¿Se trata estas modificaciones de asumir a la Constitución como un proyecto revolucionario? Las discusiones que se avecinan nos revelarán en qué sentido está planteado el futuro de México y qué proyecto de Nación está en juego.

El Sexto Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador llega como el epílogo de un proyecto ambicioso: la Cuarta Transformación. Un proyecto que, de acuerdo con el presidente, ha marcado un antes y un después en la vida pública de México. Sin embargo, los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), contenidos en su Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2024 (IEPDS), ofrecen una mirada que complementa y matiza estos logros. En esta ocasión exploramos cómo la narrativa presidencial y la evaluación técnica del CONEVAL convergen en un análisis que, sin ser contradictorio, nos invita a reflexionar sobre lo logrado y lo que aún falta por hacer. En su Sexto Informe, López Obrador afirmó que su gobierno ha logrado sacar de la pobreza a 9.5 millones de mexicanos . Un logro que, sin duda, merece reconocimiento. Pero cuando contrastamos esta cifra con los datos del CONEVAL, encontramos que, aunque la pobreza ha disminuido, 8.5 millones de personas aún viven en pobreza extrema . Más allá de las cifras absolutas, la evaluación de CONEVAL pone de relieve que la pobreza es una realidad compleja, donde no solo se trata de ingresos, sino de acceso a derechos fundamentales como la salud y la seguridad social, que siguen siendo inalcanzables para una gran parte de la población. El presidente también celebró el aumento histórico del salario mínimo, que ha crecido más del 100% en términos reales. Esta medida ha reducido la brecha de ingresos entre los más ricos y los más pobres de 35 a 15 veces. No obstante, el CONEVAL nos recuerda que este incremento, aunque significativo, todavía no es suficiente para garantizar un nivel de vida adecuado para muchos trabajadores mexicanos, especialmente en las regiones más desfavorecidas y entre los grupos más vulnerables. Los programas sociales han sido el estandarte de la Cuarta Transformación. López Obrador mencionó con orgullo cómo "Jóvenes Construyendo el Futuro" ha ofrecido oportunidades a casi 3 millones de jóvenes, y cómo 10.8 millones de becas han apoyado a estudiantes de educación básica. Sin embargo, el CONEVAL nos invita a mirar más allá de las cifras de cobertura. Aunque se ha reducido el abandono escolar en niveles como secundaria, aún queda mucho por hacer para que estos programas lleguen a los sectores más marginales de la sociedad. Por ejemplo, 1.9 millones de personas mayores de 65 años siguen sin recibir una pensión, lo que deja en evidencia las lagunas en la red de protección social . En cuanto a la sostenibilidad financiera, López Obrador destacó que su administración ha manejado el presupuesto sin aumentar significativamente la deuda pública, al tiempo que incrementó la recaudación fiscal en un 61.4% desde 2018.  Este logro es notable, pero el CONEVAL advierte que, para asegurar la continuidad y efectividad de los programas sociales, es necesario fortalecer aún más el sistema tributario y diversificar las fuentes de ingreso del país. La dependencia de estos programas para la subsistencia de millones de personas significa que cualquier ajuste o recorte podría tener consecuencias devastadoras. En este panorama, resuena la advertencia de Mario Moreno, el Libertador argentino: "Si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que sabe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar un tiempo entre mil incertidumbres será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía."  La historia nos enseña que los avances sociales no son permanentes si no están sustentados por una ciudadanía consciente y por instituciones robustas que aseguren su continuidad. La Cuarta Transformación ha sido un proceso de cambio con logros tangibles en la reducción de la pobreza y la expansión de programas sociales. Sin embargo, el análisis del CONEVAL nos recuerda que estos avances deben ser sostenibles y equitativos. El desafío para el futuro no es solo mantener lo logrado, sino profundizar en las áreas donde las políticas aún no han alcanzado a los más vulnerables. El futuro de la política social en México enfrenta una encrucijada: la propuesta de absorber al CONEVAL dentro del INEGI podría limitar la capacidad de realizar análisis independientes y críticos que son esenciales para la mejora continua de las políticas públicas. En este sentido, es vital mantener y fortalecer los mecanismos de evaluación que permitan a la sociedad civil y al gobierno medir el verdadero impacto de sus acciones, asegurando que las promesas de justicia social se conviertan en una realidad para todos.

Esta es la historia de un magistrado de nivel intermedio de nombre Iván, quien vivía en una ciudad importante y cuya existencia y atención giraban predominantemente alrededor de preocupaciones sobre su estatus social. Un día, sin embargo, el magistrado Iván se cae de una escalera de mano y empieza a sentir un dolor en el costado. En vez de disminuir, el dolor va empeorando, y nuestro personaje acaba siendo incapaz de trabajar. El que anteriormente había sido un «hombre inteligente, refinado y agradable» se convierte en una persona deprimida y desvalida. Sucede entonces algo paradójico, o no tanto; sus amigos y colegas lo evitan, y su esposa recurre a una serie de médicos cada vez más caros. Ninguno de ellos es capaz de ponerse de acuerdo sobre un diagnóstico, y los remedios que le dan no surten efecto. Al final, Iván muere, ya en una edad avanzada a los 45 años. Todos lloran a Iván, de apellido Illich, en la ciudad de Petersburgo en el año de 1886. A estas alturas, estimado lector, podrá comprender que nos referimos al famoso Iván Illich del escritor ruso, León Tolstói, quien escribió un relato breve pero poderoso sobre este magistrado ficticio. Más allá de lo impactante del relato y las cuestiones vitales que este nos presenta, quizás, antes de conocer sobre qué personaje escribíamos, su ceño se habrá levantado con cierto nivel de extrañamiento. ¿Viejo a los 45 años? ¿Qué acaso un magistrado no gozaba, a sus 45 años, de seguridad social? Y es justamente en este momento en donde vale la pena la aclaración. En la Rusia zarina de aquella época, la esperanza de vida no era tan halagadora como lo es ahora. Un adulto en esa época podría vivir hasta los 50 o 60 años, dependiendo de su clase social, acceso a atención médica, condiciones de vida y otros factores. El seguro social, el cual se menciona que podría haber tenido el magistrado Iván, no fue una realidad sino hasta  las políticas sociales de Alemania, bajo el liderazgo de Otto von Bismarck en la década de 1880. Bismarck implementó el primer sistema de seguro social obligatorio en el mundo, el cual incluía dentro de ellos, el seguro médico. De vuelta al ajetreado mundo del siglo XXI y lejos del frío de Petersburgo, hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en su último informe de gobierno que el sistema de salud de México ya era como el de Dinamarca. Un día después mencionó que sabía que esa declaración levantaría polémica, pero no se desdijo de ella. Los países nórdicos, incluido Dinamarca, ciertamente tienen un sistema de salud envidiable y la aspiración de México de ser similar a ellos es un buen ideal, en tanto el Estado tiene una intervención decidida y no se deja a la mano “invisible” del mercado un asunto tan importante como la salud. No obstante, como la Rusia zarina en que vivió Iván Illich, estos países gozan en la actualidad, de un Estado de Bienestar que se mantiene gracias a la tributación de la misma población. Una mirada rápida y sin entrar tanto en materia nos evidenciaría que, en Dinamarca, los ciudadanos pagan entre el 37% y el 52% de sus ingresos en impuestos, además de un IVA del 25%, lo que financia un sistema de salud universal que cubre a toda la población sin necesidad de contribuciones adicionales. El gasto público en salud representa aproximadamente el 10-11% del PIB, lo que garantiza una cobertura integral y de alta calidad. En contraste, en México, los impuestos sobre la renta van del 1.92% al 35%, con un IVA del 16%. El sistema de salud se financia a través de impuestos generales y, adicionalmente, con contribuciones obligatorias de empleadores y trabajadores, especialmente al IMSS y al ISSSTE. El gasto público en salud es más bajo, representando entre el 6-7% del PIB, lo que resulta en una cobertura más limitada en comparación con Dinamarca. Finalizo, como menciona Raymundo Campos Vázquez en su libro Desigualdades: Por qué nos beneficia un país más igualitario : "Enfrentar nuestros problemas requiere de un Estado mejor y de mayor tamaño. Tenemos desigualdades muy claras en asuntos como la esperanza de vida, salud, obesidad y migración. Esas desigualdades se dan porque nuestras oportunidades no se distribuyen de manera igualitaria." Al final, sea en este sexenio o en el próximo, si en verdad queremos acercarnos al ideal de Dinamarca en lo que a salud refiere, se quiera o no, se tendrá que abordar una reforma tributaria, aparejada, desde luego, de cambios sustanciales en el combate a la corrupción y de una recomposición de nuestro tejido social, ya menguado.

En la naturaleza, propio de climas templados y tropicales, existe un escarabajo llamado longicornio , conocido por sus largas antenas y su habilidad para pasar desapercibido. En su fase larvaria, este insecto se introduce en los troncos de los árboles, devorando la madera desde dentro. Aunque el exterior del árbol parece intacto, el interior es progresivamente debilitado, dejando al tronco hueco y vulnerable al colapso. Sirva este ejemplo como una metáfora de lo que ha sucedido en muchos Estados nación cuando se implementan zonas económicas especiales o francas , áreas donde las normativas nacionales quedan suspendidas y el capital transnacional impone sus propias reglas. Según Quinn Slobodian , autor de El capitalismo de la fragmentación: El radicalismo de mercado y el sueño de un mundo sin democracia , existen más de 5,400 zonas económicas especiales  en el mundo, y en la última década han aparecido más de mil nuevas zonas . Estas áreas, diseñadas para facilitar la producción y el comercio global, suelen ser espacios donde las empresas evitan regulaciones fiscales o laborales, afectando negativamente a las comunidades locales. Algunas zonas no son más que fábricas o depósitos, mientras que otras se han convertido en megaproyectos urbanos  como NEOM  en Arabia Saudita o el Distrito Financiero Internacional de Songdo  en Corea del Sur, funcionando prácticamente como ciudades-Estado privadas , con poca supervisión democrática. En este contexto, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum , ha propuesto la creación de Polos de Bienestar , un proyecto que se suma a la estrategia de nearshoring y busca integrar a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs)  en procesos productivos clave. A diferencia del modelo tradicional de zonas desreguladas, estos polos pretenden aprovechar los recursos locales y fortalecer el desarrollo regional, enfocándose en industrias estratégicas como la electromovilidad, los semiconductores, la agroindustria y la tecnología . Estos Polos de Bienestar se ubicarán en distintas regiones estratégicas de México, aprovechando las características y vocaciones económicas de cada área. Entre las regiones donde se implementarán estos polos destacan la Franja Fronteriza , que incluye estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, vinculados con sectores como la logística, los semiconductores y la electromovilidad. Otras regiones clave son el Bajío , que aprovechará su vocación en electromovilidad y tecnologías de la información, y el Istmo de Tehuantepec , donde se impulsarán sectores como la agroindustria y la logística. Además, se contemplan proyectos en zonas del Pacífico , el Golfo de México , y áreas adyacentes al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), entre otras. Sin embargo, la implementación de estos polos no está exenta de riesgos. Aunque el objetivo es fortalecer el desarrollo económico de México, existe el peligro de que estas zonas terminen reproduciendo las dinámicas de otras zonas económicas especiales , donde las corporaciones transnacionales ejercen un control excesivo. El caso de NEOM es un ejemplo claro: un megaproyecto que, aunque promete avances tecnológicos, ha sido criticado por operar como una ciudad-Estado privada , donde los derechos laborales y comunitarios se ven comprometidos en nombre del crecimiento económico. En México, los Polos de Bienestar  podrían ser una herramienta para estimular el desarrollo regional y fortalecer la economía nacional, pero también podrían convertirse en espacios donde el capital transnacional erosiona la soberanía económica y social del país. Como señala Slobodian , muchas de estas zonas han servido para crear "agujeros" en el contrato social  de los Estados, generando "territorios liberados" que debilitan el control regulatorio y democrático. El gran desafío para el gobierno de Sheinbaum será asegurar que los Polos de Bienestar  realmente contribuyan al desarrollo local  y promuevan una integración económica equitativa y sostenible , sin caer en los errores de otros modelos. No obstante, si se ejecutan adecuadamente, estos polos tienen el potencial de impulsar a las PyMEs mexicanas , reducir la dependencia de capitales transnacionales, y posicionar a México como un actor clave en industrias emergentes globales como la electromovilidad y los semiconductores . En este sentido, los Polos de Bienestar podrían convertirse en una alternativa viable  frente a los modelos de desarrollo fragmentado que han debilitado a otras naciones.

La manera en que consumimos información política ha experimentado una transformación radical en los últimos años. Los creadores de contenido, antes vistos como simples generadores de entretenimiento, se han convertido en protagonistas indiscutibles del panorama informativo. Su influencia es tan poderosa que, en eventos políticos de gran envergadura, no solo asisten como espectadores, sino que comparten escenario con las figuras más prominentes de la política mundial. Un ejemplo revelador de este fenómeno se observó recientemente en la Convención Demócrata de Estados Unidos. Más de 200 creadores de contenido fueron acreditados para cubrir el evento, y algunos incluso compartieron escenario con personalidades como Kamala Harris y Barack Obama. Este hecho nos lleva a cuestionarnos: ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué implicaciones tiene este cambio para la información política en la era digital? Los creadores de contenido han logrado lo que antes parecía impensable: superar a los medios tradicionales en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Según el Digital News Report , el 57% de los usuarios en TikTok se informa a través de influencers, relegando a los periodistas a un segundo plano. Estos influencers no solo difunden noticias; las interpretan, las personalizan y las adaptan para captar la atención de audiencias que buscan contenido breve y emocional. Este cambio tiene implicaciones profundas, tanto positivas como negativas. Por un lado, han democratizado el acceso a la información, atrayendo a audiencias que se habían alejado de las noticias tradicionales. Han innovado en formatos y narrativas, logrando que temas antes considerados aburridos o distantes sean ahora de interés para muchos. Sin embargo, este fenómeno no está exento de riesgos. Uno de los más graves es el aumento de la desinformación . Los influencers no están sujetos a los códigos de ética periodística ni siguen protocolos rigurosos para verificar la información que comparten. Como resultado, sus contenidos pueden contribuir a aumentar la polarización y reforzar las llamadas "cámaras de eco", donde solo se consume lo que confirma nuestras ideas preexistentes. Es aquí donde surge una necesidad imperante: los creadores de contenido, con su creciente fuente de información, deben asumir una responsabilidad proporcional . La calidad de la información que difunden debe mejorar. Es esencial establecer normas claras para la verificación de información en estos espacios digitales, evitando que la información política se convierta en un campo de juego sin reglas. Una analogía didáctica podría ser la de considerar a los creadores de contenido como chefs. Pueden preparar platos visualmente atractivos, pero si los ingredientes no son de calidad, el resultado puede ser perjudicial. Lo mismo sucede con la información: si no está bien fundamentada, puede "intoxicar" el debate público. Por ello, la alfabetización mediática  se vuelve crucial. Es urgente enseñar a las audiencias a filtrar la información que consumen, tal como si estuvieran separando el agua limpia de la sucia en un río turbulento. Plataformas de verificación y programas de educación mediática serán fundamentales para que los ciudadanos tengan herramientas para navegar en este mar de desinformación. Así como plataformas como Netflix han cambiado la forma en que consumimos entretenimiento, los creadores de contenido están redefiniendo la manera en que consumimos información política. Si no aprendemos a utilizar este fenómeno a nuestro favor, corremos el riesgo de que la profundidad de los temas políticos se diluya en la superficialidad. Por lo tanto, es innegable que los creadores de contenido han llegado para quedarse . Son una fuerza poderosa en la forma en que nos informamos, pero con ese grado de influencia también llega una responsabilidad que no podemos ignorar. Debemos apostar por fomentar un pensamiento crítico que nos permita filtrar la desinformación, fomentar una política auténtica y evitar que la política se convierta en puro entretenimiento. La política puede y debe ser emocionante, pero siempre debe estar fundamentada en hechos y no en emociones o narrativas superficiales. Los creadores de contenido son un actor novedoso con poder en la información política , pero depende de todos nosotros que ese poder se utilice para fortalecer la democracia y no para debilitarla.

En una magistral interpretación, un joven Robert Redford dio vida a Bill McKay, un abogado idealista sin deseos de participar en política y cuya única aspiración radicaba en sostener una agenda progresista. No obstante, gracias a su autenticidad y cercanía con la gente, además de una serie de casualidades, el joven Bill logra hacerse de la candidatura como senador por California y, después de una serie de desafíos, ganar la elección; ante el asombro de todo el establishment  político y de él mismo incluido. Al final de la película El candidato  (1972), y aún con la emoción a flor de piel por la victoria, el protagonista, Bill McKay, se detiene por un momento y pregunta estupefacto a su jefe de campaña y consultor político: «¿Y ahora qué hacemos?». ¿Y ahora qué? Pues bien, según el grado de experiencia de gobierno de los candidatos, después de electos y una vez pasadas las elecciones, los equipos de gobierno deben enfocarse en legitimar sus políticas a través de un proceso de planeación estratégica que atienda varios frentes. Compromisos de gobierno han venido a denominarse en el argot del gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. En este sentido, de la planeación a la ejecución, los primeros 100 días pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y es que, si bien no todo es comunicación, hoy día todo se comunica. Uno de estos enfoques de comunicación de gobierno fue el que decidió utilizar Jimmy Carter, cuando en 1976 se convirtió en presidente de los Estados Unidos. En ese entonces, su encuestador y uno de los principales artífices de su victoria electoral, Patrick Caddell, le dijo: «Presidente, has ganado las elecciones, ahora tienes que empezar a ganar las siguientes».Dicho enfoque, denominado y popularizado posteriormente como Enfoque de Campaña Permanente, fue el utilizado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, teniendo como canal principal un enfoque comunicativo novedoso y constante: las mañaneras. Un total de 1423 a lo largo de 6 años de gobierno, donde el presidente nombró y, al nombrar, enmarcó los términos de discusión de la opinión pública en el acontecer mexicano.No fue casualidad que así lo haya elegido. Desde este enfoque, no hay fin de ciclo en la campaña electoral; ya en el gobierno, se le da continuidad con el objetivo de ampliar espacios de poder. Este enfoque, sin embargo, corre el riesgo de caer preso del relato y volverse una armazón sin sustancia ni densidad, al descuidar la ejecución y la eficacia, principios realmente relevantes del ejercicio de gobierno. Porque, como recomendaba Peter Drucker –gurú clásico de la Administración–: los gobiernos nuevos “no han de obstinarse en hacer lo que desean, sino en reconocer la realidad; concentrarse y no dispersarse; entender que un gobierno efectivo sabe que no hay una política libre de riesgos”, y practicar el consejo que otro presidente, este anterior a Nixon, Harry Truman, dio al recién electo John F. Kennedy: "Ganada la elección, hay que dejar de hacer campaña y dedicarse a gobernar”. Claudia Sheinbaum, en este sentido, ha delineado su gobierno sobre 14 ejes fundamentales, que buscan construir una "República democrática, justa, honesta y libre". Sus compromisos van desde mantener la división de poderes hasta consolidar un gobierno cercano a la gente, sustentado en el "Humanismo Mexicano". Estos ejes no solo representan la continuidad de la Cuarta Transformación, sino también el intento de ir más allá de los logros de su antecesor. En sus primeros 100 días, Sheinbaum y su equipo tienen el desafío de transformar estos compromisos en políticas efectivas y concretas que atiendan a los problemas históricos y estructurales del país, sin dejar de lado la comunicación con la ciudadanía, no olvidando también lo que ya muchos han apuntado: que gobernar es también presupuestar. Es decir, establecer las prioridades y, en consecuencia, asignar recursos, cuidando el fondo y la oportunidad.

En el contexto del Día de la Hispanidad, el reciente discurso oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum subrayó un tema clave: la grandeza de México no radica en su "descubrimiento", sino en sus pueblos originarios , cuya historia, cultura y formas de organización han sido fundamentales para la construcción de nuestra nación. Este reconocimiento va más allá de lo simbólico y nos invita a preguntarnos ¿en qué medida las prácticas colaborativas que han sostenido a estas comunidades pueden integrarse de manera real en las políticas públicas y el desarrollo regional del país? México es un país con una diversidad profunda, donde las tradiciones de los pueblos originarios han sido históricamente una fuente de cohesión social y resiliencia. Sin embargo, durante las últimas décadas, las políticas neoliberales habían priorizado el individualismo y el crecimiento económico de corto plazo, dejando a muchas comunidades al margen del desarrollo. Con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, se presenta la oportunidad de incorporar las dinámicas colaborativas no solo como un patrimonio cultural, sino también como una estrategia práctica para transformar el desarrollo regional y fortalecer la gobernanza local. Las cifras actuales muestran el impacto que estas prácticas tienen en la vida diaria de las comunidades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia (ENCPD-2023), el 45% de los habitantes de áreas rurales participan en prácticas de gestión comunitaria, ya sea en la administración de recursos o en la organización de eventos colectivos. Estas dinámicas han sido clave para resolver problemas locales de forma efectiva y sustentable, creando redes de apoyo que permiten a las comunidades hacer frente a desafíos como la distribución de agua, el manejo de tierras y la protección del medio ambiente. Adoptar este enfoque reduce la necesidad de implementar políticas centralizadas que muchas veces no logran captar las realidades locales. La cocreación de soluciones junto a las comunidades no solo garantiza una mayor legitimidad democrática, sino que también optimiza los recursos públicos al diseñar proyectos más sostenibles y adaptados a las necesidades locales. En un momento en el que los gobiernos enfrentan restricciones presupuestarias, estas prácticas colaborativas se presentan como una clave para el desarrollo inclusivo, reduciendo la dependencia de los subsidios. La gestión de bienes públicos también es una preocupación central para los ciudadanos. Según la ENCPD-2023, el 76.76% de los encuestados cree que aumentar los bienes públicos, como hospitales, escuelas y mercados comunitarios, es fundamental para la prosperidad de la sociedad. Este enfoque refuerza la idea de que las soluciones basadas en la colaboración comunitaria no solo son viables, sino deseables para mejorar la calidad de vida y fomentar un desarrollo más equitativo. Un ejemplo claro de esto ocurre en el Sur del país, donde varias comunidades han gestionado de manera comunal sus recursos naturales, preservando sus bosques y creando un modelo económico local que combina sostenibilidad ambiental y beneficio social. La colaboración comunitaria, por lo tanto, no es solo una tradición cultural, sino una herramienta práctica que puede transformar la forma en que gestionamos el desarrollo en México. Además, los encuestados señalan de manera contundente que la desigualdad social es percibida como una construcción política: el 58.38% opina que la desigualdad es producto de decisiones políticas, no de una condición natural, subrayando con ello, la urgencia de que las políticas públicas adopten un enfoque más inclusivo y colaborativo para contrarrestar las desigualdades estructurales que persisten en el país. La colaboración comunitaria ofrece soluciones tangibles para los desafíos del desarrollo regional en México. Para los empresarios, representa una oportunidad de invertir en proyectos sostenibles que generen no solo ganancias económicas, sino también un impacto positivo en las comunidades. Para las autoridades, es una herramienta que optimiza los recursos públicos y mejora la gobernanza. Y para los ciudadanos, es una vía hacia el empoderamiento colectivo y la construcción de comunidades más resilientes.

En un escenario donde la política y la tecnología se entrelazan cada vez más, Elon Musk, el magnate más controvertido del mundo, ha emergido como una figura disruptiva en la carrera presidencial estadounidense, respaldando a Donald Trump con su influencia, millones y una campaña millonaria que promete, literalmente, premios a los votantes. Esta inusual mezcla entre tecnología, política y poder económico, genera polémica, reflejando no solo la erosión de las barreras tradicionales, sino también los dilemas éticos de una democracia que se enfrenta a nuevos actores capaces de reconfigurar sus reglas a conveniencia. La intervención del fiscal de Filadelfia en contra del sorteo de Musk, donde literalmente reparte dinero al azar, entre aquellos que apoyen al Republicando Donald Trump y los límites legales que esto representa, se enmarcan más que un simple litigio legal: es una muestra de la fragilidad del poder contemporáneo y de la tensión entre los micropoderes emergentes y los grandes actores. En este contexto, cabe preguntarnos: ¿qué significa esta coyuntura para nuestra comprensión del poder? En un lúcido libro que ha envejecido muy bien, Moisés Naím, en El fin del poder , argumenta que estamos transitando por un momento sin precedentes en la historia. El poder, que alguna vez se concentró en jerarquías estables, hoy se dispersa en múltiples actores que, con recursos inesperados, desafían a los grandes líderes. El caso de Musk revela cómo la influencia tecnológica y económica permite redefinir los centros de poder, pero también cómo estos nuevos liderazgos son vulnerables a las fricciones y resistencias locales. El propio Musk, a pesar de sus millones y su plataforma de alcance global, no es inmune a las regulaciones, demandas y críticas que emergen desde los márgenes del sistema. Resulta paradójico por lo menos, la manera en la cual critica al aparato estatal americano, cuando solo durante el año 2023, las empresas de Musk suscribieron casi 100 contratos distintos con 17 agencias federales en virtud de los cuales el gobierno convino en entregarles 3000 millones de dólares, es decir aproximadamente; 58,239 millones de pesos mexicanos. Curiosa manera de criticar al Estado, pero verse subvencionado deliberadamente por el mismo. Naím, advertía en su momento, que la capacidad de influir se ha vuelto más efímera y condicionada por un entorno en constante transformación, donde la estabilidad es la excepción y la incertidumbre, la norma. La irrupción de los tecnofilántropos —figuras que combinan riqueza con influencia política— nos obliga a replantear los límites entre lo público y lo privado. Musk, como ejemplo extremo, utiliza su fortuna para moldear agendas, presentando desafíos inéditos a las democracias contemporáneas. Lo que actualmente vemos no es solo un intento de influir en las elecciones de Estados Unidos, sino la emergencia de un modelo donde las decisiones políticas se privatizan y el poder se torna transnacional, desconectado de las viejas estructuras partidistas y más orientado al corto plazo. Este fenómeno no es exclusivo de nuestro vecino del Norte; en México, la capacidad de influir desde fuera de las instituciones formales también está redefiniendo la política local. El auge de líderes y actores que operan desde los márgenes muestra que el futuro del poder está cada vez más fragmentado y, por tanto, más difícil de gobernar. Ante este escenario, la pregunta crucial no es quién tiene el poder, sino qué puede hacer con él y por cuánto tiempo. ¿Qué implica esto para México? En un país marcado por profundas desigualdades y una creciente desconfianza hacia las instituciones, una enseñanza se vislumbra: la construcción de un poder más legítimo y duradero no puede depender únicamente de figuras carismáticas o recursos económicos. La apuesta por una democracia sólida requiere fortalecer las instituciones y fomentar una ciudadanía crítica, capaz de resistir las tentaciones de soluciones simplistas o liderazgos pasajeros. Este es un momento decisivo para reflexionar sobre el tipo de poder que queremos construir. Si algo demuestra la coyuntura estadounidense es que la estabilidad y la gobernabilidad ya no pueden darse por sentadas. La fragmentación del poder es también una oportunidad para que nuevas voces emerjan, pero requiere de sociedades con la capacidad de articular propuestas duraderas. México debe prepararse para un futuro donde los líderes no podrán gobernar desde la cima de jerarquías inamovibles, sino desde coaliciones flexibles y con legitimidad renovada en cada paso. Pensemos pues el poder desde la responsabilidad compartida, sabiendo que su ejercicio, hoy más que nunca, es frágil, transitorio y colectivo.

El 1 de noviembre de 2024, el Congreso mexicano declaró la validez de la reforma de supremacía constitucional tras su aprobación en la mayoría de las legislaturas estatales. Esta reforma ha desencadenado un intenso debate sobre sus implicaciones para la democracia y el equilibrio de poderes en México, planteando preguntas fundamentales sobre el alcance de la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Con esta reforma, México se adentra en un terreno de alta fragilidad, donde cada paso en falso podría quebrantar el delicado sistema de equilibrios que sustenta la democracia. Desde el oficialismo, encabezado por Morena y sus aliados, el argumento central a favor de la reforma es que busca reafirmar la supremacía de la Constitución, evitando que el Poder Judicial interfiera en decisiones del Poder Legislativo. Para sus impulsores, esta medida fortalecería la soberanía popular al garantizar que las decisiones de los representantes democráticamente electos no puedan ser revertidas a través de mecanismos judiciales. En esta visión, la reforma se presenta como un muro que blinda las decisiones de la mayoría, un intento por consolidar un espacio donde el Poder Legislativo, como legítimo representante de la voluntad popular, pueda actuar sin interferencias externas. Este movimiento refleja un impulso por consolidar el control del Legislativo, y con ello, del proyecto de la Cuarta Transformación, sobre los órganos de decisión. Como sugiere el contexto de la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara en la Suprema Corte, existe una inclinación del gobierno de Claudia Sheinbaum por mantener a los ministros y magistrados clave bajo control político a través de elecciones populares. Sin embargo, la reforma también elimina cualquier injerencia de la Corte sobre reformas constitucionales, limitando aún más su capacidad para cuestionar modificaciones legislativas. En contraposición, la oposición y diversos sectores de la sociedad civil han alzado la voz, argumentando que esta reforma representa una amenaza significativa para los derechos fundamentales y el equilibrio de poderes. Eliminar los mecanismos de control constitucional, como el juicio de amparo y las acciones de inconstitucionalidad, limita las herramientas jurídicas de los ciudadanos para impugnar reformas que puedan vulnerar sus derechos. Este sector advierte que, al restringir el papel del Poder Judicial, el país podría estar sembrando la semilla de un autoritarismo constitucional, donde los cambios en la Carta Magna podrían realizarse sin el debido escrutinio judicial. En los sistemas democráticos modernos, el control constitucional ha sido una herramienta esencial para preservar el espíritu fundamental de la ley; sin embargo, esta reforma desarma ese mecanismo, dejando a la ciudadanía sin protección ante reformas que potencialmente vulneren derechos fundamentales. Como se ilustra con la imagen de un barco sin timón, si una mayoría calificada decidiera modificar el artículo 2 de la Constitución para permitir algo tan aberrante como la esclavitud, no habría forma de detener tal despropósito desde las instituciones nacionales. El contexto internacional ofrece ejemplos relevantes de cómo medidas similares pueden afectar a los sistemas democráticos. En países como Hungría y Polonia, reformas orientadas a limitar la capacidad de los tribunales para revisar cambios constitucionales han generado inquietudes entre organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Estas naciones han implementado medidas que debilitan la independencia judicial, un fenómeno que algunos analistas consideran una “erosión democrática” o incluso una deriva hacia el “autoritarismo competitivo.” Organismos como la Unión Europea y la Comisión de Venecia han advertido sobre los riesgos de limitar el control judicial, señalando que tales restricciones pueden debilitar el Estado de derecho y socavar la protección de los derechos humanos. El debate sobre la supremacía constitucional y el control judicial evidencia una tensión inherente en las democracias modernas: ¿cómo equilibrar la voluntad popular con la necesidad de proteger los derechos fundamentales? Si bien la reforma aprobada en México busca evitar la parálisis legislativa, es crucial establecer salvaguardas que permitan una revisión judicial en casos de posible vulneración de derechos humanos. Un modelo equilibrado debería permitir la supremacía constitucional sin sacrificar los controles que previenen abusos de poder y aseguran un sistema de pesos y contrapesos efectivo. En este sentido, México podría considerar una reforma que excluya del control judicial solo ciertos aspectos limitados, asegurando que los derechos fundamentales permanezcan protegidos. La reforma también enfrenta un desafío adicional: la falta de consenso. La posición de “todo o nada” adoptada por Morena y su base aliada rechaza cualquier cesión, generando un ambiente que podría derivar en una crisis constitucional si la Corte decide intervenir. Esta postura intransigente amenaza con detonar un conflicto entre poderes, que podría poner en jaque la legitimidad del sistema político, especialmente si se considera que los votos que llevaron a Sheinbaum a la presidencia representan solo el 36.4% de los ciudadanos con derecho a votar, lo que subraya la necesidad de acuerdos amplios. Si se implementan salvaguardas adecuadas para garantizar la protección de los derechos fundamentales, esta reforma podría fortalecer la estabilidad constitucional y evitar el desgaste judicial que resulta de litigios excesivos contra decisiones legislativas legítimas. En este contexto, la reforma podría promover una gobernanza más ágil, sin que ello implique una vulneración de derechos ni una erosión del equilibrio de poderes. En ausencia de mecanismos de control efectivos, la reforma podría abrir la puerta a la aprobación de cambios constitucionales que vulneren derechos fundamentales sin posibilidad de revisión judicial. Esta situación no solo debilitaría la democracia, sino que podría también generar tensiones sociales y políticas significativas, agravando la polarización y socavando la confianza en las instituciones del Estado. La falta de un diálogo para evitar esta crisis podría dejar al Poder Judicial en un papel meramente decorativo, anulando el contrapeso que representa en el sistema democrático mexicano. La reciente reforma sobre la supremacía constitucional en México marca un punto crítico en la historia democrática del país, destacando la necesidad de mantener un sistema de pesos y contrapesos robusto. La experiencia de otras naciones sugiere que un equilibrio adecuado debe combinar la supremacía constitucional con mecanismos de revisión judicial que protejan los derechos de los ciudadanos. México se enfrenta a un momento decisivo en su historia democrática: una encrucijada en la que debe decidir entre el camino de una supremacía constitucional sin límites o un modelo que permita la soberanía popular sin sacrificar la independencia judicial. En última instancia, se trata de encontrar un modelo que preserve la soberanía popular sin sacrificar los contrapesos necesarios, un desafío clave para la consolidación democrática en México.